“Ese joven formaba parte de esa sociedad trabajadora que se esfuerza para progresar. Pero su vida quedó truncada. No queremos que vuelva a pasar por culpa de personas como las que están acusadas”, señaló el fiscal Ignacio López Bustos en su alegato de apertura en el juicio que se inició ayer por el crimen de Marcos Sáez, en el que se encuentran imputados cuatro jóvenes.

La audiencia se inició con dos planteos. El tribunal, integrado por Soledad Hernández, Isabel Méndez y Federico Moeykens, aceptó el planteo del titular de la Unidad de Homicidios I para que se declarara el caso como complejo. Al mismo tiempo, los jueces aceptaron la cobertura periodística del debate.

El representante del Ministerio Público Fiscal, que fue acompañado por el auxiliar Fernando Isa, explicó el hecho al asegurar que el 19 de diciembre de 2018, Sáez (23 años), padre de una niña de siete meses, estudiante universitario y trabajador, regresaba a su casa por calle San Martín hacia el oeste. Fue interceptado por cuatro personas en San Martín y Paso de Los Andes. “Eran cuatro personas que se movilizaban en dos motos. Lo interceptaron y lo amenazaron con armas de fuego para que se detuviera. La víctima se escapó, pero lo alcanzaron e hirieron mortalmente en San Martín y Thames”, explicó el acusador.

Hallazgo clave

López Bustos argumentó que Jonathan Galindo fue el joven que realizó el disparo mortal. Y sostuvo esa acusación señalando que en el allanamiento que se realizó en su domicilio se encontró el arma que, según los resultados de las pericias balísticas, fue la que se utilizó en el crimen. Carlos Suárez, M.H y D.A.O (por haber sido menores de edad en el momento del hecho no se puede divulgar su identidad) también fueron acusados de homicidio agravado criminis causae. “Fue asesinado de la forma más violenta solo para robarle la moto. Vamos a demostrar en estas jornadas la responsabilidad de cada uno de los imputados”, añadió.

Los querellantes Álvaro Zelarayán (representa a la madre, Sara Quesada) y Jorge Lobo Aragón (asiste al padre, Ricardo Sáez) se adhirieron plenamente a la postura del MPF, pero el primer profesional adelantó que en el transcurso del debate podría realizar algunos planteos.

Críticas

Los defensores de los cuatro imputados asumieron una estrategia común. Cuestionar la investigación que realizó la policía y la fiscalía del caso. Fundamentalmente criticaron la manera en que se llegó a identificar a los sospechosos como autores del hecho.

Pablo Canatta, defensor de M.H., explicó que en el momento del hecho el adolescente se encontraba en otro lugar de la ciudad. “En un allanamiento se le secuestró un celular en el que encontraron la foto de una pistola, pero no se pudo determinar si es la que se utilizó en el hecho. Por eso solicito su absolución”, detalló.

Ernesto García Biagosch y José María Molina, defensores de D.A.O., indicaron que el joven es totalmente ajeno al hecho. “Lo detuvieron porque encontraron una moto que él usaba. Pero esa no es la que supuestamente se desplazaban los autores. Es cierto que el rodado tenía pedido de secuestro por robo, pero en todo caso se lo debería acusar de encubrimiento, no de un homicidio”, explicaron.

“La carencia de pruebas en contra de Suárez es importante. Se le debería haber dictado el sobreseimiento en la etapa de instrucción, pero llegó hasta esta instancia. Pero aquí estamos ante una grave falla de la Policía para investigar el hecho”, explicaron Gerardo Martínez Molina y Silvia Furque, defensores de Suárez.

Daniel Plaza, representante de Galindo, cuestionó tres puntos de las pruebas en contra de su defendido: “los investigadores llegaron a los acusados por averiguaciones reservadas, el arma que se usó en el hecho fue encontrada en un domicilio con el que él no tiene vínculo y, por último, nadie lo vio en el lugar del hecho. Por eso solicitaremos su absolución”.

Luego declararon los policías que participaron en la investigación del hecho.