En Tucumán, están dadas las condiciones para la destrucción de 3.300 armas secuestradas por distintas causas penales.
Se trata de pistolas, revólveres y demás armamentos que permanecen en la sede de tribunales de avenida Sarmiento 431, bajo custodia del Ministerio Público Fiscal (MPF), que encabeza el ministro fiscal Edmundo Jiménez.
Según fuentes de ese organismo, hace seis meses está aprobada la destrucción de este extenso lote, pero resta que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) las retire del edificio judicial.
En total, en los depósitos de tribunales hay unas 7.000 armas bajo custodia, por lo que casi la mitad están etiquetadas y en condiciones de ser reducidas.
El MPF detalló que, según los informes de la Oficina de Efectos Secuestrados, se trata de elementos retenidos en el marco de causas concluidas, recogidas entre 1999 y 2019.
"El Ministerio Fiscal, a través de su Secretaria Judicial, hace seis meses que mantiene un diálogo con la ANMAC y su director de Fiscalización, Rodrigo Suárez, solicitando que las mismas sean retiradas y trasladas para su destrucción, pero desde el organismo aducen problemas de logística para concretar esta etapa final del proceso", indicaron fuentes de la sede de avenida Sarmiento al 400.
El proyecto para la destrucción de armas, encabezado por el MPF tucumano, comenzó en 2019 con la clasificación de los secuestros, junto con las unidades fiscales, que se encargaron de informar cuáles eran las estaban en condiciones de ser destruidas por haberse finalizado con la etapa de investigación.