Fue una de las obras sociales más grandes del país (intervenida en el año 1990) y también la más cara. Los empleados públicos y sus jubilados aportan el 4,5% (cualquier otra obra social, el 3%). Hoy, sin lugar a dudas, es el instrumento del Estado para saquear el bolsillo de sus afiliados. Les cuento que desde que se inició la pandemia, esta oficina estatal dejó sin cobertura a sus afiliados. Necesité tratamiento odontológico: no me autorizaron por la Covid 19. Tuve necesidad de estudios oftalmológicos: no me autorizaron por la Covid 19. En consecuencia, las tuve que abonar como particular. Plus médico, diferencia arancelaria, etc., con total libertad los profesionales de la salud lo cobran y aumentan cuando quieren. Se autorizan dos recetas por mes (máximo dos medicamentos por receta). Ya superé los 70 años y mis necesidades de medicamentos aumentan cada año. Pensé en buscar otra obra social… No sé por cuál ley, pero me dijeron que no puedo renunciar. Somos rehenes de un Estado que hace lo que se le ocurre y que nos cobra por cada vez menos prestaciones. La gran pregunta: ¿Por qué el Gobierno mantiene intervenido el Subsidio de Salud? ¿Por qué, del abanico de candidatos, no se destaca ni siquiera uno que prometa normalizar esta situación? El 14 de noviembre el pueblo va a las urnas para elegir a quienes, según dicen, van a defender nuestros derechos. Por favor, quiero votar y elegir, pero también necesito curarme. ¿A quién debo votar?
Juan Marcos Chávez
Balcarce 3.221
San Miguel de Tucumán