Banda Oxa, la empleada doméstica de la titular de Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda,  le inició un juicio laboral por $827.518, más los intereses. Denunció que su trabajo no fue registrado durante 10 años, entre 2007 y 2016.

Además la trabajadora le reclamó a la funcionaria que, cuando finalmente Donda regularizó la situación en 2016, le pagó durante cinco años el mismo monto: $5.000 mensuales. Finalmente, la empleada se consideró despedida en enero de 2021.

El jueves pasado, luego de que fracasara la conciliación laboral obligatoria, la señora de 62 años y su abogado Osvaldo Barsanti presentaron la denuncia contra Donda ante el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, según el expediente N°2021-79537955.

Según los recibos de sueldo, publicados por Clarín, la funcionaria tuvo registrada a su empleada doméstica por 48 horas mensuales por un pago de $5.000, hasta diciembre de 2019. Además Oxa demandó que Donda no le pagó varios meses desde marzo de 2020, cuando comenzó a regir el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

“A partir de dicha medida y atento a la falta de prestación de servicios, la empleadora comienza a no abonar mis salarios (ni siquiera la parte que se hallaba registrada por debajo de los salarios mínimos legales), motivo por el cual incrementé mis quejas verbales a fin de solucionar los incumplimientos que me aquejaban”, manifestó en la denuncia.

“Sorprendió la negativa de Donda Pérez a abonar mis insuficientes salarios durante el período de restricciones, toda vez que la demandada no sufrió restricción salarial alguna y, además, contaba con libertades para movilizarse y cancelar mis salarios sin inconveniente alguno, dada su condición de funcionario público”, planteó la empleada doméstica.

En esta línea planteó que “Después de ejercer innumerables presiones, en el mes de julio de 2020 la demandada abonó la suma de $10.000, correspondiendo a los meses de abril y mayo” y reveló, que luego de ese pago: “intentó convocarme a prestar servicios (a pesar de la prohibición legal imperante), señalando que podía trasladarme en el vehículo oficial que el INADI pone a disposición de la Sra. Donda Pérez, toda vez que se encontraba vedado el acceso al transporte público para mi actividad”.

Ante la negativa a violar el aislamiento, la empleada doméstica aseguró en su denuncia que Donda no le pagó por varios meses hasta que finalmente abonó “la suma de $21.500”, con la que “pretendió cancelar con ese monto los salarios de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2020”.

“Agotada de tantos incumplimientos y de las dificultades que debía enfrentar a una edad avanzada para poder hacerme de mis ingresos, a lo que cabe agregar la falta de pago de aportes por todo el primer período de la relación laboral en la que me encontré sin registro alguno, decidí intentar jubilarme”, contó Banda Oxa. Pero cuando quiso que Donda regularice su situación previsional por los 10 años en los que había prestado servicios “sin registro alguno”, entre 2007 y 2016, la funcionaria se negó y le pidió que renunciara, “a cambio de conseguirme un Plan Social o bien una contratación en el INADI, instituto estatal que ella dirigía”.

“Ante dichos ofrecimientos, que tomaron estado público en el marco de una causa penal que se inició al respecto, decidí formalizar mi reclamo” de regularización del contrato de trabajo, a fines de 2020, “habida cuenta que la empleadora evidentemente jamás iba a satisfacer mis reclamos de modo legítimo”, planteó la empleada doméstica.