Ya no quedan dudas de que fue un delito “made in Córdoba” o, al menos, que las personas que se dedican a esta actividad se especializaron en esa provincia. Luego de una larga investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, 10 personas fueron detenidas y quedaron prófugas otras 20, acusadas de cometer estafas telefónicas. Todas serán extraditadas y deberán afrontar cargos en nuestra provincia.

Entre enero y junio, en Tribunales se recibieron unas 3.000 denuncias. De esos expedientes, unos 1.200 se encuentran en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, mientras que otras 1.800 están en la Unidad de Decisión Temprana esperando que las víctimas continúen con la acción penal. Para las autoridades resulta imposible determinar de cuánto dinero lograron apoderarse, pero serían cifras millonarias.

Los fiscales Alejandro Noguera, primero, y Marcelo Leguizamón, luego, que subrogaban la oficina de Delitos Complejos, comenzaron con la investigación. Trabajaron con los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que cuenta con la oficina de Delitos Telemáticos, la cual se encarga de realizar ciertas pericias y de investigar lo que ya se conoce como el “cibercrimen”.

“En los últimos tiempos, por decisión del ministro fiscal Edmundo Jiménez, se adquirió tecnología de avanzada para realizar pesquisas. Esos elementos tecnológicos nos ayudaron muchísimo para tratar de esclarecer estos hechos”, indicó el coordinador del ECIF, Eugenio Agüero Gamboa. También colaboraron los investigadores de la ex Brigada y del Departamento de Inteligencia Policial.

La investigación fue lenta. Los peritos especializados en la materia lograron identificar los dispositivos (celulares, tablets y computadoras) que utilizaban los delincuentes para estafar a los tucumanos.

Con esos datos, llegaron a ubicarlos en Google, Facebook e Instagram. Pero para dar con su precisa ubicación, necesitaban que esas empresas multinacionales brindaran la información más valiosa: determinar la ubicación exacta de dónde se activaban. Se sabe que para esas empresas, la privacidad es clave, por lo que las respuestas tardan mucho más de lo esperado. “Afortunadamente pudimos eludir todos los obstáculos que se nos presentaban. No se olvide de que una causa se abría con un simple número de teléfono”, indicó el fiscal.

Diferencias

Leguizamón, después de realizar varias reuniones con los investigadores, fue ordenando el trabajo de recolección de pruebas. Cuando estuvo seguro de tenerlas, solicitó la detención de al menos 30 personas, planteos que fueron aceptados por cuatro magistrados: Rafael Macoritto, Carolina Ballesteros, Judith Solórzano y Mario Velázquez (del centro Judicial Monteros). “Logramos dar con un pequeño eslabón de esta monstruosa organización y decidimos atacarla”, comentó el investigador en una entrevista con LA GACETA.

El martes, un equipo de 16 peritos del ECIF partieron rumbo a Córdoba, coordinados por Agüero Gamboa y dirigidos por Leguizamón. Se presentaron ante el juez que autorizó todos los allanamientos que habían solicitado. El jueves se presentaron en diferentes ciudades del interior de esa provincia, y ayer en la capital. Acompañados por los policías cordobeses realizaron más de 15 medidas, donde detuvieron a los sospechosos, pero no pudieron dar con los otros acusados.

“Sabemos que queda camino por recorrer. Pero con este trabajo no sólo logramos detenerlos en otra provincia y traerlos a Tucumán para que sean enjuiciados. Le pusimos el rostro a gente que venía haciendo mucho daño”, comentó el fiscal mientras realizaba el viaje de regreso a la provincia.

No es la primera vez que investigadores de otras provincias se presentaban en “La Docta” para dar con los autores de los hechos. Lo hicieron equipos de Salta, Santiago del Estero, Chubut, Río Negro, Chaco y Santa Fe, entre otras. Sin embargo, sólo sumaban indicios y se los dejaban a los cordobeses para que continuaran trabajando porque, según consideraban, eran ellos los que debían investigar el delito. “El problema de avanzar con esos expedientes era que no podíamos ubicar a las víctimas o siempre se presentaba un problema que era de difícil solución”, explicó una fuente judicial cordobesa.

Leguizamón apuntó que para el MPF los procesos debían desarrollarse en Tucumán, porque aquí se habían concretado los ilícitos. “No sólo conseguimos que nos dieran la razón, sino que concretamos las detenciones. Esto recién empieza porque se trata de una cadena que tiene muchísimos eslabones”, comentó. “Fue una tarea muy dura porque fundamentalmente se trataba de rastrear datos que nos llevaban a otro lado y de ahí a otro lugar. Pero vamos por el buen camino”, señaló el investigador.

Un dato en común

Según confirmaron fuentes judiciales, la mayoría de los detenidos son menores de 30 años, pero todos tienen una cuestión en común: cuentan con antecedentes penales o son parientes de personas que estuvieron detenidas en algunas de las cárceles cordobesas.

En esa provincia, ya existen algunos indicios sobre cómo era la operatoria. Por ejemplo, en lo más duro de la pandemia, los responsables buscaban personas a quienes comprarle el CBU. Normalmente eran trabajadores que se habían quedado sin trabajo. Al parecer, habrían pagado hasta $5.000 para que les entregaran ese dato que utilizaban para recibir las transferencias que realizaban las víctimas. En varios informes periodísticos publicados en “La Docta”, se dio cuenta de que había personas que realizaban hasta siete “alquileres” por mes.

Revuelo: dos exitosos operativos que generaron caras largas en la fuerza policial de la Docta

El personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal en tres días realizó dos operativos que generaron caras largas en la policía de Córdoba. Primero se detuvo a Juan de Dios López, hombre que tenía pedido de captura por integrar la banda que lideraría su padrastro Miguel “La Gata” Lizárraga. Lo vieron salir de la casa de su madre, que supuestamente debía estar custodiada por la fuerza. Entre el miércoles y jueves, por una investigación desarrollada en esta provincia, se detuvo a 10 personas acusadas de cometer estafas telefónicas. Nunca antes se había hecho algo similar en esa provincia.

Sin sorpresas: las cárceles cordobesas se transformaron en una escuela de esta modalidad delictiva

Los resultados de la investigación que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal generaron sorpresas en Córdoba. No sólo porque dejó al descubierto las maniobras que realizaban los detenidos, sino porque primera vez no se hizo ningún allanamiento en cualquiera de las cárceles de esa provincia. Los últimos antecedentes dan cuenta de que desde varios internos realizaban estafas telefónicas. Primero fueron los secuestros virtuales y luego las estafas telefónicas. Los sospechosos estuvieron privados de la libertad o son parientes de reos, todo un dato para tener en cuenta.

Recomendaciones

- Nunca informe a desconocidos sobre sus movimientos bancarios.

- Jamás dé a conocer datos sensibles como las claves a personas que llaman telefónicamente haciéndose pasar por ejecutivos de cuentas.

- Si le ofrecen acceder a un préstamo o subsidio de una repartición estatal, constate si realmente existe ese plan.

- Nunca comparta información de su cuenta de WhatsApp a personas que no conozca.

- Desconfíe siempre de alguna oferta tentadora de un crédito que le ofrezcan.

- No abra mails o links si no constata realmente su procedencia.

- Si es víctima de una estafa, denuncie el hecho e informe sobre cuál fue la modalidad.

Números

- 3.000 denuncias se realizaron entre enero y junio de este año en los tribunales.

-1.200 se encuentran en plena investigación.

-1.800 esperan que las víctimas ratifiquen o presenten pruebas para que continúe con el proceso.

- 2 fiscales (Alejandro Noguera y Marcelo Lequizamón) estuvieron al frente de la investigación.

- 4 jueces (Carolina Ballesteros, Judith Solórzano, Rafael Macoritto y Mario Velázquez) firmaron las órdenes de detención.

-15 allanamientos se realizaron en el interior y en la capital de Córdoba.

-10 personas fueron detenidas y serán trasladadas a la provincia para ser procesadas.

-16 hombres del Equipo Científico de Investigación Fiscal se trasladaron a Córdoba para acompañar a la policía cordobesa en todas las medidas que realizaron.

Modalidades delictivas

Depósito: prometiendo pagar un premio o dinero de Anses, se apoderaban del dinero que tenía en su cuenta.

A la pesca: se envían mails de bancos y tarjetas de crédito con los que se apoderan de las claves bancarias.

Robo: obtienen datos de las víctimas para poder sacar créditos del mayor monto posible.

La última: “roban” la cuenta de WhatsApp para pedirles dinero a sus amigos más cercanos.

El modus operandi

Los acusados no conocen a sus víctimas. Las eligen al azar sabiendo que siempre pueden encontrar a un desprevenido.

Normalmente contratan a personas carenciadas que tengan CBU para alquilarles las cuentas. Ahí les piden a las víctimas que realicen los depósitos.

Una vez que tienen el dinero depositado, comienzan a transferir el dinero entre distintas cuentas para dificultar su rastreo.

No se pudo confirmar si las 10 personas detenidas pertenecen a una misma organización o a varias, pero todo parecería indicar que sí.

Es imposible determinar cuál es la cifra de dinero que los estafadores obtuvieron a través de esta modalidad. Pero se habla de millones.