Dos pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández fueron presentados ayer por parlamentarios tucumanos de la oposición ante el Congreso de la Nación. En ambos casos, cuestionan la realización de una reunión social el 14 de julio de 2020, para festejar el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, en la Quinta Presidencial de Olivos.

La diputada Beatriz Ávila, precandidata a senadora por “Juntos para Construir” en la interna de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para que la Cámara Baja resuelva iniciar el proceso de destitución contra el mandatario “mal desempeño en sus funciones y comisión de delito tipificado en el Código Penal de la Nación Argentina”.

En los fundamentos de su presentación, la precandidata a senadora nacional recuerda que la reunión social retratada en Olivos se dio cuando estaba vigente el decreto 576/2020, que prorroga el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) para el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta el 17 de julio.

“Mientras el Presidente se reunía en un lugar cerrado festejando con una decena de personas, sin cuidados, amenazaba a toda la población argentina con que utilizaría la fuerza pública para exigir que la ciudadanía no mantuviera encuentros sociales. En el mismo momento en que el presidente se juntaba a festejar sin ningún tipo de recaudos, los ciudadanos argentinos no podían salir de sus casas ni transitar por sus propios barrios sin recibir amenazas de la Policía por incumplir la cuarentena”, subraya la parlamentaria del unibloque del Partido por la Justicia Social.

Subrayó, además, que el DNU habilitó que miles de argentinos fueran procesados en el marco del artículo 202 del Código Penal (propagación de enfermedades peligrosas), que prevé penas de 6 meses a dos años de prisión.

“Inmoralidad”

La senadora Silvia Elías de Pérez y el diputado José Cano, precandidatos a diputada y a senador por “Cambiemos Juntos” en la interna de Juntos por el Cambio, presentaron una nota a la presidenta de Juicio Político de la Cámara Baja, Josefina Victoria Gonzalez, para solicitarle esa comisión inicie el proceso de remoción del Presidente por la causal de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones durante la pandemia de covid-19”. La presentación también es refrendada por el senacional por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco.

Los opositores hacen hincapié en que Fernández sometió a la Argentina “a la cuarentena más larga del mundo”, que inició con duras restricciones cuando la circulación del virus del covid-19 era nulo. A ello agregan el escándalo del “vacunatorio VIP”, la “mala gestión de la compra de vacunas necesarias para la prevención” de la enfermedad y el “retardo en el proceso de inmunización a la ciudadanía”.

“Queda demostrado que (el jefe de Estado) posee parcialidad y arbitrariedad a la hora de la toma de decisiones y (que da) grandes muestras de incumplimiento en sus deberes de forma manifiesta y reiterada”, afirman.

Recalcan que mientras el mandatario mantenía reuniones sociales expresamente prohibidas por sus DNU, “los ciudadanos soportaban el cierre extremo de fronteras, obstáculos para poder trabajar, transitar, educarse, enseñar y profesar libremente una religión. Estos derechos amparados por el artículo 14 bis de la Constitución fueron suspendidos”.

“La inmoralidad comprobada (de Fernández) por los hechos citados, ocasionan descrédito y desprestigio al cargo que desempeña y a las instituciones republicanas”, concluyeron.