PARÍS, Francia.- “El uso de softwares de vigilancia ha estado vinculado al arresto, intimidación e incluso al asesinato de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual es sumamente preocupante”.
Esta declaración, difundida ayer, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da cuenta de la preocupación de organismos internacionales ante los nuevos hallazgos sobre la utilización del software Pegasus para espionaje a periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos e incluso gobernantes.
El 18 de julio, una investigación coordinada por medios de distintos países mostró que varios gobiernos usaron el programa Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, para intervenir 50.000 teléfonos. Entre esos, 15.000 casos se detectaron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta.
La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (que en ese entonces era un líder opositor) y de algunos de sus colaboradores; así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Ayer, 17 periodistas de siete países, que fueron objetivos de Pegasus, se sumaron a la denuncia que ya había presentado Reporteros Sin Fronteras (RSF) junto a los periodistas franco-marroquíes, Maati Monjib y Omar Brouksy, ante la fiscalía de París, el 20 de julio, contra la empresa israelí NSO, que creó esta tecnología.
En total, son los 19 periodistas que integran la demanda junto a RSF en Francia, y que pidieron a la organización que se una a ellos en su reclamo ante la ONU.
Los comunicadores, originarios de Azerbaiyán, México, India, España, Hungría, Marruecos y Togo, “saben o tienen razones serias de temer haber sido espiados por sus gobiernos”.
Estos periodistas, víctimas potenciales o probadas del programa de vigilancia, se unieron formalmente. “Muchos han sido víctimas durante muchos años de la venganza de su gobierno, como Hicham Mansuri en Marruecos o Swati Chaturvedi en India”, explica RSF en un comunicado. “Algunos han sido incluso espiados por un Estado extranjero, como el español Ignacio Cembrero, muy probablemente vigilado por Marruecos”, añade.
RSF indicó también que “sometió formalmente los casos de estos periodistas a las Naciones Unidas” para obtener explicaciones de los Estados sospechosos de haber utilizado Pegasus para espiarlos. Además, la organización indicó que hace falta una estricta regulación internacional de la exportación, venta y uso de programas informáticos de vigilancia como Pegasus, y una moratoria internacional sobre la venta de estos programas”.
Ante esto, la CIDH y la ONU-DH señalaron que es “imperativo” que los Estados limiten el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda tener injerencia en las comunicaciones privadas de las personas.
Este uso debe estar delimitado en forma clara y precisa en la ley, ser excepcional y operar en función de lo estrictamente necesario; aunado a que debe contar con autorización judicial previa y una supervisión constante de los organismos estatales pertinentes, indicaron los organismos internacionales.
La información recientemente publicada sobre el espionaje de Pegasus se suma a las denuncias que al menos desde 2017 vienen realizando organizaciones, personas defensoras y periodistas, respecto al uso de ésta y otras herramientas de espionaje en la región.
Finalmente llamaron a la “moratoria inmediata” sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia “hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos”. (Especial)