“Es un mito que la Argentina es el país con más impuestos del mundo”. La afirmación de Mercedes Marcó del Pont intenta morigerar los efectos de una realidad que se agudizó por efecto de la pandemia, en un país acostumbrado a transitar de crisis en crisis económica. Con esas declaraciones formuladas a una radio porteña, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) trató de restarle dramatismo a una situación que agobia a todos los agentes económicos: la creciente carga de los impuestos para financiar un Estado que necesita más dinero.

“La viabilidad de las empresas no se determina por la carga impositiva. Hay otros factores en juego como la rentabilidad, el mercado, la competencia. Las inversiones no tienen que ver con la carga impositiva”, señaló la economista. Del lado de los empresarios, esas palabras han causado espanto. Sucede que la recaudación de impuestos nacionales viene mostrando incrementos reales por encima de cualquier ecuación del sector privado. El Gobierno termina siendo un socio de los contribuyentes, al gravar casi la mitad del ingreso que generar a lo largo de un mes, pero en el momento de repartir las pérdidas, está ausente. De todas maneras, algunos dirigentes empresariales reconocen que el Aporte al Trabajo y a la Producción (ATP) ha contribuido a pasar la primera ola de la pandemia, pero ahora todo se hace más cuesta arriba. No hay recuperación y, por lo tanto, muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas definitivamente porque ya no tienen manera, siquiera, de sostener los costos fijos de sus emprendimientos.

“Un contribuyente presionado con impuestos crecientes, trastornado bajo un aluvión de textos normativos poco comprensibles, inmerso en un laberinto y entramado tributario de características Kafkianas, llega a un punto de saturación en el que siempre estará más dispuesto a rebelarse o aprovechar las oportunidades para evadir sus obligaciones tributarias y menos dispuesto a cumplir sus deberes en una plano de sincera y honesta lealtad con el fisco”, había postulado el tributarista genovés Víctor Uckmar. Tal vez la Argentina no esté al tope en materia de presión impositiva en el plantea, pero un informe de Doing Business del Banco Mundial, expone que nuestro país no está precisamente entre aquellas naciones que brindar mayor facilidad para hacer negocios en los países. Según el diagnóstico global, la Argentina está posicionada en el puesto 126 de un total de 190 países. De los 10 aspectos que evalúa este reporte del organismo internacional, uno de los peores es la cuestión impositiva, en el que la Argentina se ubica en el puesto170. Las causas de la presión fiscal está en el gasto público creciente, que demanda más recursos para solventarlo, señala un reciente pronunciamiento de la Mesa de Diálogo convocada por el Arzobispado de Tucumán en el trabajo titulado “En busca de competitividad fiscal”. La estructura del Estado Provincial, Municipal y de las Comunas Rurales no deja de crecer. El Estado Provincial representa el 33% del total del Producto Bruto Geográfico, más que la producción de bienes, que es de un 26%, de acuerdo con los datos oficiales.

Aquellos que esperaban una reducción paulatina de los impuestos con el fin de contribuir a una recuperación de la actividad económica no podrán observar un cambio de tendencia para alivianar la carga fiscal. El año electoral dinamiza el gasto público y tiende a dispararse ante las mayores necesidades de sostener el poder en base a emisión monetaria y a un freno de medidas que, naturalmente, pasado el tiempo de las elecciones, volverán a la luz. Por caso, en junio hubo un cambio de tendencia respecto del comportamiento de las finanzas públicas nacionales. La aceleración de las erogaciones comenzó a evidenciarse y los ingresos han dejado de crecer porque las retenciones al agro dejaron de tener peso en la recaudación. Las provincias, a su vez, todavía no sintieron ese peso, porque los impuestos coparticipables siguen sosteniendo el ritmo de los ingresos por encima de lo presupuestado. Este mes, no obstante, ya no será igual que mayo o que junio. Los gobernadores tendrán que volver a reajustar sus gastos, algo que, en los años impares, no ha sucedido porque las elecciones no lo han permitido. Una partida que ya venía “desajustada” y que en junio muestra un crecimiento de casi 100% real versus 2019 es el de los subsidios económicos, señala Invecq Consulting. El congelamiento de tarifas llegó para quedarse (al menos hasta que se diseñe un programa con el FMI) y eso implicará un crecimiento constante de ese ítem. Otra partida que se muestra bastante dinámica es la de las transferencias a las provincias, las cuales es impensado que puedan ajustarse en meses preelectorales cuando la Casa Rosada quiere comprarse a los gobernadores. Para garantizar la “paz social” continuarán incrementándose las partidas de contención vía múltiples programas sociales, indica el reporte de la consultora privada.

Toda esta situación explica los motivos por los cuales se ha diferido la Responsabilidad Fiscal de bajar la carga impositiva en todos los órdenes del Estado para facilitar la recuperación de la economía. El problema es que el déficit en las cuentas públicas espera a la vuelta de la esquina en un país, como muchos, que espera la recuperación económica para bajar los índices de pobreza, de indigencia y de desempleo, entre otros.