“Y lo más importante es que se hizo Justicia con estas personas que tanto daño le causaron al barrio”, resumió Hugo Romano, vecino del barrio Juan XXIII (“La Bombilla”) al enterarse de que todos los miembros del clan Reyna fueron condenados por dirigir una red de narcomenudeo. “El problema es que se acabaron ellos y vinieron otros. Así es nuestra vida, desgraciadamente”, se quejó el hombre, que trabaja cortando el césped en distintos puntos de Yerba Buena.

Después de más de cinco años de espera, los miembros se sentaron en el banquillo de los acusados. El Tribunal Oral Federal nunca antes, sin contar los delitos de lesa humanidad, había juzgado a 16 personas juntas. El récord lo había marcado en el debate contra el clan Ale, que tuvo a 13 imputados. En lo que se refiere a penados, aunque hubo tres absoluciones, se estableció una marca de 13 condenados.

Falsos comerciantes

Esta causa comenzó en junio de 2016, cuando en un operativo por un delito común, los policías encontraron cuatro kilos de marihuana y unos $853.000 (unos U$S 60.800, que hoy tienen un valor en el mercado de más de $ 9,5 millones) en la distribuidora de gaseosas que la familia tenía en el corazón del barrio. Meses después, en el medio de la investigación de la causa conocida como Trayán, los pesquisas volvieron a presentarse en el mismo lugar, pero no encontraron pruebas para ligarlos.

Dos años después, en una investigación dirigida por el fiscal federal Pablo Camuña y realizada por los hombres de la Agencia Antidrogas Tucumán de la Policía Federal, quedó al descubierto la actividad del clan. En esta oportunidad se secuestraron más de dos kilos de cocaína, uno de marihuana, más de $ 950.000 (unos U$S 36.250, que hoy tienen un valor de $ 5,7 millones) y U$S 700.

“Lo más grave es que esta gente hizo mucho daño en el barrio. Haciéndose pasar por vendedores de gaseosas, sembraron muerte en estas calles. El día que los detuvieron a todos la gente salió a la calle a aplaudir”, explicó Fernanda Martínez.

El juicio

Camuña, que fue el fiscal acusador en las audiencias, probó cómo funcionaba este grupo. Mencionó que operaban en dos barrios: Juan XXIII y Manantial Sur. También logró identificar quiénes eran los líderes de la organización, cuáles eran los “quioscos” de venta de drogas que tenía, quiénes eran los encargados de atenderlos y quiénes eran las personas que ocultaban la sustancia. Además, acusó a quienes eran los proveedores de una parte de la sustancia que luego comercializaban. Para cada uno de ellos solicitó duras penas.

El tribunal, integrado por los jueces Enrique Liljedahl, Jorge Basbus y Mario Martínez, condenó a una pena de 11 años de prisión a Mario Dardo Reyna, y de nueve años y seis meses de prisión a Lorena Herrera (pareja del líder del clan) y a Paola Lorena Juárez, la hermana del considerado cabecilla del grupo.

Siete acusados recibieron penas por comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Dentro de este grupo, la pena fue de ocho años de prisión para Nancy Molina y Francisco Juárez; siete años para Pamela Bravo y Aldana Cabrera, y de seis años para Mario Reyna (hijo del líder, que además debe ser enjuiciado por dos homicidios), Lourdes Salazar y Elena Juárez.

Mercedes del Valle Juárez y María Celia Molina fueron sentenciadas a tres años y tres meses de prisión como partícipes secundarias al facilitar lugar o elementos para la comisión del delito de comercialización de estupefacientes, y Juan Enrique Risso Patrón fue condenado a cinco años de prisión por tenencia con fines de comercialización.

El fallo tuvo sus aristas polémicas. Gustavo Villalba Sosa, Jonás Krujowski y Carlos Sosa, señalados por la acusación como los proveedores de la marihuana, fueron absueltos. Salvo el primero, los otros dos ya fueron condenados por el mismo delito en otra causa, por lo que los magistrados entendieron que no debían ser penados por el mismo delito, a pesar de que la fiscalía entendió que el ilícito había sido cometido en otro momento.

El fiscal Camuña solicitó que se les revocara el arresto domiciliario a todas las personas que lo tenían, pero los magistrados rechazaron el planteo. Herrera, por ejemplo, desde hace cinco años que cuenta con esa figura. “Ahí está el problema. ¿Qué castigo recibió esa mujer en todo este tiempo? Ninguno, porque nunca fue a la cárcel y encima sigue atendiendo el negocio como si nada”, explicó María Laura de Jiménez.

Golpe económico

El tribunal también dispuso el decomiso de los $1,8 millones y los U$S 700, material tecnológico, ocho automóviles y 13 motocicletas secuestradas durante los allanamientos realizados en la causa. Además, les impuso multas a todos los condenados por más de $11,4 millones.

“Es mucha plata. Sería muy importante que a esa cantidad de dinero se la otorgue para reparar el daño que hizo esta gente durante tanto tiempo. Envenenaron generaciones de chicos”, agregó Jiménez.

Romano, que se quejó por la falta de intervención del Estado para ocupar que el espacio que dejaron vacantes los Reyna, propuso el destino de los fondos. “Que sean utilizados para armar campos de deportes para sacar los chicos de la droga y para los comedores de la zona que son los que alimentan a niños, adolescentes y adultos. Los vehículos serán muy útiles para la gente que les cocina, porque dejarán de hacer las compras en moto”, explicó a LA GACETA.