El cronista californiano Jon Lee Anderson hizo una observación llamativa en una entrevista con LA GACETA publicada hace casi un año para celebrar el Día del Periodista. Tras repasar las tendencias políticas mundiales, dijo que advertía un tiempo propicio para el gobierno de “los patanes”. El periodista apuntaba con esas palabras a la legión de mandatarios extravagantes y abusivos, cuyos discursos de odio, y sus procederes irresponsables y oscuros tienen en vilo a la democracia. En el mismo diálogo, el ensayista había pronosticado que en Latinoamérica existía “una olla a presión congelada por el virus, que iba a destaparse”. Los estallidos del mes pasado confirman ese vaticinio preocupante: hay un clima de equilibrio inestable que fácilmente podría desmadrarse. El propio presidente colombiano Iván Duque dijo hace unos días que la ola de violencia callejera con víctimas fatales en su país podía suceder en cualquier otro punto de la región.

Tucumán y la Argentina están alcanzadas por esa sensación de fragilidad institucional azuzada por una crisis económica devastadora, y una segunda ola de covid-19 feroz dotada de una vacunación lenta y controvertida. Pero las autoridades lucen insensibles a esta situación tan desesperante, y no sólo mantienen sus actitudes mezquinas y sus pujas por el poder, sino que tampoco han tomado nota de la necesidad de llevar alivios morales y éticos a poblaciones muy castigadas por las pérdidas afectivas, la incertidumbre respecto del futuro, la desconfianza en las instituciones y los apremios materiales. El discurso político se aferra a la posibilidad de seguir mandando mientras se desmoronan las bases que debieran sustentar y justificar ese gobierno. Y en el medio de esta disociación se ha perdido la principal función del liderazgo, que es la de dar esperanza y la de convencer sobre el papel fundamental del bien común.

Los gestos de transparencia son la receta para torcer las derivas que ponen en juego el sistema de convivencia y arrastran hacia escenarios imprevisibles de violencia. Tucumán clama por esa clase de giros anticorrupción, que no requieren de dinero, sino de voluntad y de decisión de parte de quienes han asumido la responsabilidad de manejar el Estado. Es evidente que las deudas en esta materia son inmensas. Se trata de que cada institución pública revise sus estándares de rendición de cuentas y de acceso a la información, y dé pasos hacia una apertura que permita la participación y el control de la ciudadanía. Cada comuna, cada municipio, cada entidad de control tiene posibilidades de avanzar en ese plano más allá de la inexistencia de una ley provincial específica. Pareciera que estos son actos de magnanimidad, pero, en realidad, constituyen obligaciones previstas en la Constitución y en los tratados internacionales en vigor, además de estrategias para legitimar un poder que cada vez tiene menos autoridad, como demuestran las rebeliones a las restricciones y medidas de confinamiento.

La realidad es que los reclamos de administración transparente de la cosa pública no logran abrirse camino porque los funcionarios los interpretan como una amenaza o un ataque, y no como la oportunidad para fortalecer su gestión y el principio de ejemplaridad, que tanto revalorizó la pandemia. En este punto no debería haber diferencias entre oficialistas y opositores porque, si bien difieren sus responsabilidades y cometidos, mayorías y minorías están llamadas a transparentar lo que hacen con el mandato que la sociedad les ha conferido y, en especial, con los fondos estatales recibidos.