La economía resultó afectada muy fuertemente por los efectos de la pandemia y las distintas formas de aislamiento con que se le hicieron frente en 2020. En ese contexto era esperable que las finanzas públicas, al igual que las de muchos sectores privados, hayan terminado el año pasado con un fuerte desahorro. Si bien el Gobierno nacional proyectó que este año no se necesitaría el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni el Aporte para el Trabajo y la Producción (ATP), la situación actual de la pandemia de la Covid-19 trastocó los planes estimados al momento de elaborar el Presupuesto nacional 2021. Los datos de ejecución presupuestaria para el primer cuatrimestre mostraban cierto margen para que el déficit no resulte mayor al presupuestado, observa el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). De hecho, el déficit primario acumulado hasta abril fue del 0,2% del PBI.
Según la entidad que encabeza el economista Nadin Argañaraz, las tendencias que marca el inicio del año, por el lado de los recursos, marcan que en abril se pudo ver que los impuestos más que se duplicaron en valores corrientes en comparación con lo que se recaudó en el mismo mes de 2020. Para contextualizar este gran salto en la recaudación, hay que recordar que los ingresos tributarios tocaron su piso en el período base (el inicio de la cuarentena obligatoria) respecto al cual se compara, por lo que es esperable, por una cuestión estadística, encontrar estos crecimientos. "Pero la clave de la recuperación de la recaudación, y de los ingresos tributarios del sector público nacional no financiero, viene dada por los impuestos al comercio exterior, que volvieron a impulsar la recaudación. Sobre todo, los Derechos de exportación que en todo el cuatrimestre crecieron por encima del 100% en términos reales en comparación con el primer cuatrimestre de 2020. En efecto, los derechos de exportación explicaron un tercio del crecimiento interanual real del total recaudado en estos primeros cuatro meses de 2021", señala el reporte del Iaraf, al que accedió LAGACETA.COM.
Resulta útil poner en perspectiva la relevancia que han tomado las Retenciones en este año: su magnitud superó con creces la recaudación real de los últimos siete años, y asemeja su nivel a los periodos 2009-2011. Asimismo, dado el contexto de precios internacionales y el tipo de cambio y alícuotas de retenciones vigentes, es esperable que para todo el año los derechos de exportación resulten 0,7% del PIB superiores a los de 2020. Esto sería 0,5% del PBI más que lo presupuestado (unos $ 200.000 millones más que lo previsto en el presupuesto).
Asimismo, el presupuesto no preveía la aprobación del Aporte solidario y extraordinario, que según las cifras oficiales recaudará en todo el año aproximadamente otro 0,7% del PBI (algo menos de $ 300.000 millones, de los cuales según cifras oficiales ya ingresaron $ 223.000 millones).
Sólo sumando estas dos fuentes, se cuenta así con recursos “extra” por 1,2% del PBI no previstos inicialmente. En ambos casos, puesto que son recursos no coparticipables, estarán disponibles para financiar gastos nacionales, sostiene el diagnóstico privado.
Los datos de ejecución presupuestaria hasta abril mostraron que, por un lado, no hubo un fuerte crecimiento del gasto asociado específicamente a la pandemia, y por el otro se observó una reducción de gastos en rubros relevantes para las finanzas nacionales como lo son las jubilaciones y asignaciones más los salarios públicos, que contemplando el efecto de la inflación muestran caídas reales de entre el 8% y el 10%.
La combinación de estas evoluciones de ingresos y egresos observadas en el primer cuatrimestre, mostraron un escenario de cierta disciplina fiscal para 2021, cuya extrapolación anual indica un resultado primario que podría incluso resultar menos deficitario que el 4,2% del PBI presupuestado. Esto evitaría la necesidad de emitir dinero extra en los niveles del año pasado, según el Iaraf.
A partir de este mes, dada la evolución que marca la situación sanitaria, se hizo evidente la necesidad de acompañar con medidas económicas las medidas sanitarias y restrictivas de la circulación y actividad por la llegada de una segunda ola de coronavirus. El gobierno encaró una política de ampliación de gastos sanitarios y transferencias asistenciales, las medidas que anunció el presidente Alberto Fernández, que junto a la reducción del pago de ganancias personales conforman un paquete con un costo fiscal por el momento cercano a los $ 480.000 millones asociado a la crisis de la segunda ola, casi un 1,2% del PBI estimado para 2021. Los recursos extra provenientes de los impuestos sobre los sectores agroexportadores y sobre las personas de mayor patrimonio declarado suman, como se expresó más arriba, alrededor del 1,2% del PBI. Es decir que los mismos le proveen al Tesoro nacional en 2021 un oxígeno extra necesario para afrontar los nuevos gastos no previstos inicialmente anunciados hasta ahora, sin incrementar el déficit pautado para el año ni tener que volver a recurrir a la emisión de pesos para financiarlos. "El costo fiscal de la segunda ola tiene la incertidumbre propia de la del virus", indica el director del Iaraf ante la consulta de nuestro diario.
Para que estos resultados se mantengan, es clave que se sostenga el comportamiento de los gastos respecto de los ingresos. Sin embargo, advierte la entidad, hay que tener en cuenta que además de la pandemia, se tiene un calendario eleccionario. "Como consecuencia, el escenario económico podría en los próximos meses cambiar su evolución: la evidencia reciente indica que si hay un deterioro fuerte de la actividad fruto de nuevos cierres o nuevas olas, los ingresos fiscales sufrirán nuevamente, y no puede descartarse que el gasto corrija el rumbo actual y vuelva a mostrar un salto, sea por imperio de una nueva ola del Covid o por la aceleración del gasto en transferencias y subsidios que habitualmente acompaña en Argentina a cada año electoral", puntualiza el Iaraf.