“Lo único que llegué a entender es que se está haciendo pasar que está mal de la cabeza para ir a cualquier lado, menos a la cárcel. No es justo; él sabía perfectamente lo que estaba haciendo”, dijo Noemí Mercedes Luna, hija de Ester Correa (de 61 años), quien fue asesinada el lunes en Alderetes. Un juez consideró que no se trataba de un femicidio, ya que no había antecedentes de violencia de género. El acusado, de 85 años, continuará el proceso en su contra internado en el hospital Obarrio.

El lunes, pasadas las 10.30, Domingo Serrano ingresó a un condominio ubicado en 20 de Junio al 100. Fue al fondo y encontró a la mujer que había ido a buscar. “Me tiene podrido esa mujer. ¡Es una bruja!”, lo escuchó gritar un testigo que declaró en la causa. Encontró a Correa lavando platos en la pileta comunitaria del condominio. “Le preguntó: ‘¿estás sola o no?’ Ella le respondió: ‘no, no estoy sola”, agregó la persona que vio todo. Dijo que el anciano le efectuó un disparo con una “tumbera”, hiriéndola en el pecho a la altura del hombro izquierdo. La mujer escapó corriendo y se encerró en su vivienda, donde falleció.

La audiencia de formulación de cargos estuvo cargada de situaciones especiales. “Mirá el show que está tirando el ‘viejo’”, se escuchó decir a una persona que no pudo ser identificada ni bien comenzó la audiencia virtual. Serrano dijo en un principio que no escuchaba nada y después que tampoco veía bien. “No voy a hacer ninguna declaración, su señoría”, fue lo único que le dijo al juez Eduardo González en más de una oportunidad. El magistrado le respondió: “ya lo sabemos, señor, no hace falta que lo repita otra vez”.

El auxiliar fiscal Juan Pablo Godoy confirmó en el debate que fue detenido por los vecinos y que cuando se presentó el personal policial, les dijo: “la he matado”. Pidió que se convalidara la aprehensión, planteo que fue aceptado por la defensora oficial Anabella Maza Villalba.

Los cargos

El representante del Ministerio Público Fiscal anunció que acusaría a Serrano por homicidio agravado por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego. Al argumentar los cargos dijo que el imputado era una persona agresiva que insultaba y molestaba a la víctima y, al mismo tiempo, relató que fisgoneaba a la hija de la víctima.

“Siempre la molestaba y la insultaba por su condición de mujer, pero su pareja le pedía que no hiciera nada porque era una persona mayor. Estos testimonios fueron ratificados por varias personas, entre ellas la propietaria del inmueble, que decidió expulsarlo del inmueble”, señaló Godoy. La defensora tampoco planteó ninguna oposición al respecto, teniendo en cuenta que se trataba de una calificación provisoria.

El auxiliar fiscal relató que por pedido del fiscal Carlos Sale se había solicitado que se le realicen estudios psiquiátricos para determinar si se lo podía imputar por el delito. “El profesional nos dijo que se necesitaba más tiempo para hacer un informe socioambiental, una tomografía del cerebro y la realización de una junta médica para determinar su estado de salud mental”, explicó Godoy, planteo que tampoco tuvo oposición por parte de la patrocinante del acusado.

El paso siguiente era definir cuál sería la modalidad de detención de Serrano. Godoy aclaró que no podía solicitar la prisión preventiva porque las normas vigentes sólo autorizaban a hacerlo a las personas de hasta 70 años. Por ese mismo motivo, pidió que se le dicte el arresto domiciliario por 60 días y que sea controlado por una consigna policial durante las 24 horas en el hogar donde se encontraba viviendo.

La defensora no se opuso al plazo solicitado por el fiscal, pero sí pidió que se buscara una solución alternativa, ya que Serrano no tenía lugar donde vivir. “Él después de haber sido expulsado del barrio, vivió en situación de calle y un conocido le ofreció una pieza para que viviera, pero dijo que después del hecho no lo seguirá haciendo”, explicó.

Maza Villalba tomó aire y agregó: “no hemos podido contactar con ningún familiar para que se hicieran cargo de él. En los hogares de ancianos, según las averiguaciones que realizamos, no podían recibirlo, pero sí en el hospital Obarrio, por lo que sugerimos que quede allí bajo control de una pulsera”.

El juez González, después de escuchar a las dos partes y aclarando que no quería entrometerse con el papel de las otras partes, decidió quitarle el agravante de violencia de género. “Toda la doctrina existente sostiene que tienen que cumplirse ciertas condiciones preexistentes y eso en este proceso no se demostró. Claro que hay tiempo para que la fiscalía encuentre esos elementos”, explicó el magistrado, por lo que el imputado, por ahora, sólo deberá responder por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

González también consideró que correspondía que al imputado se le dicte la prisión preventiva, planteo que fue rechazado por el auxiliar fiscal. “No importa su edad, se la tendrían que haber pedido”, explicó. “Las normas nos impiden hacer ese pedido, por eso buscamos una medida coercitiva de menor intensidad”, le respondió.

Más allá de las diferencias, el juez resolvió que Serrano sea alojado en el Obarrio y, hasta que se le coloque la pulsera, personal de la seccional 6ª deberá controlar tres veces por día que continúa en el lugar.

Antes de que se conociera la resolución, Luna, la hija de la víctima declaró: “no entiendo muchas de las cosas que se hablaron aquí. Es la primera vez que me pasa algo así. Por todo lo que hizo tiene que ir preso, por más que sea un anciano. No está loco, no merece otra cosa más que terminar en un calabozo, si está claro que ni sus familiares lo quieren”.