El presidente de la Fundación ProYungas, Alejandro Brown, consideró que “la sociedad civil ve a la ley de biocombustibles como un tema exclusivamente económico, cuando en realidad tiene connotaciones ambientales muy importantes”. “No sólo es por la reducción del consumo de combustibles fósiles, sino también por la contribución que los propios sectores productivos están haciendo para la conservación del ambiente”, expresó el directivo en “LA GACETA Central”, quien además remarcó que la norma permite sostener la actividad, generar puestos de trabajo y la  “protección de muchas cuencas hidrográficas de la región”.

La ley de producción y promoción vigente vencerá el próximo miércoles 12, aunque en la Cámara de Diputados comenzó el debate por un nuevo régimen nacional para el bioetanol (a base de caña de azúcar y de maíz) y el biodiesel (soja).

En un documento, el presidente de ProYungas expuso los conceptos principales de una política ambiental en torno de la producción de los combustibles renovables.

“Hoy, nos encontramos rediscutiendo esta ‘Política de Estado’, poniendo incertidumbre sobre su continuidad o la forma de su continuidad, cuando debería estar claro que las ‘Políticas de Estado’ deberían basarse en la previsibilidad, la continuidad, porque han implicado muchos reacomodamientos y expectativas, muchas y muy importantes inversiones. Además, porque el ambiente, motivo central de esta ley, requiere una mirada de largo plazo. Porque será difícil que nuestros objetivos de sustentabilidad, el cumplimiento de nuestras responsabilidades comunes pero diferenciadas a la hora de reducir  nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadoras del Cambio Climático, estén sometidos a los vaivenes de nuestras políticas cíclicas cortoplacistas”, expresó el especialista.

Y continuó: “el necesario crecimiento económico de nuestro país, basado en buena parte en la necesidad de un balance entre exportaciones e importaciones, requiere de exportar más y mejor al mundo, y ello hoy implica hacerlo en un contexto de sustentabilidad ambiental, del que los biocombustibles son una parte relevante por varios motivos”.

Así, enumeró:

-Porque reducen en un 10/12% nuestras emisiones provenientes de combustibles fósiles, reduciendo en esa medida nuestra “huella de carbono” nacional.

-Porque agrega valor a nuestras “commodities”, generando más empleo, ahorro de divisas, reduciendo nuestro índice de pobreza, altísimo por cierto;

-Porque moviliza nuestras economías regionales, particularmente las asociadas a la producción de caña de azúcar, de granos y además generando subproductos para la actividad ganadera. Todas actividades fundamentales para impulsar el crecimiento de nuestro “Norte Grande”.

-Porque fomenta la protección de bienes y servicios ambientales claves al mantener actividades productivas que han asumido un rol importante de preservación de la naturaleza, en el marco de “paisajes productivos protegidos”, una estrategia para vincular positivamente producción y ambiente, protegiendo en forma directa bienes y servicios ecosistémicos.

-Porque agregando valor se hacen viables producciones vitales para asegurar la conservación de nuestros suelos, fomentando la alternancia de cultivos, especialmente la rotación soja-maíz, en regiones alejadas de los puertos y centros de consumo masivo.

-Porque refuerza el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional que justamente se refiere al derecho de todos los ciudadanos de disfrutar de un ambiente sano.

“El Norte Grande, este espacio geográfico que ha sido objeto de atención reciente por parte del Poder Ejecutivo Nacional, es la región de mayor diversidad productiva del país, pero también es la región de mayor biodiversidad  de especies de plantas y animales, como así también a escala de paisajes naturales. Es también la región más postergada del país, donde todos los indicadores sociales dan muy por debajo de la media nacional. Es también la región donde se está expandiendo la frontera agropecuaria, concentrando más del 90% de dicha expansión”, señaló.