Federico José Roldán Vázquez y Alfredo Iramain (h), ambos de 33 años, ofrecieron una reparación integral para la comisaría 7a, tras el incidente ocurrido en la madrugada del domingo pasado con el comisario Walter Colombres en la zona oeste capitalina, por violación a las restricciones impuestas por las autoridades en el marco de la pandemia de Covid-19.

Según información del Ministerio Público Fiscal, la reparación, establecida bajo los criterios de oportunidad que establece la ley, fue aceptada por el fiscal de la Unidad de Decisión Temprana de la capital, Marcelo Leguizamón. La misma consistió en un resarcimiento económico que afrontaron ambos, que hicieron efectiva la compra de tres computadoras totalmente equipadas, por un valor de $200.000, que fueron cedidas a la comisaría 7a.

Roldán Vázquez, procurador que se desempeña en como secretario judicial B en el Cuerpo de Auditores del fuero penal, fue acusado de golpear al comisario -quien devolvió el golpe en el incidente- cuando este fue a tocar la puerta para que apagaran la música en una fiesta en el pasaje Cayetano Rodríguez primera cuadra, según el parte policial. Iramain (h), quien es contador en el Tribunal de Cuentas y desempeña funciones como delegado fiscal en el Ministerio de Seguridad, habría opuesto “tenaz resistencia al arresto” y habría arrojado piñas y patadas para rescatar a su amigo. El contador fue suspendido por 30 días en sus funciones mientras se sustancia el sumario, y Roldán Vázquez también fue sometido a sumario por la Corte Suprema.

Entrevistado por LA GACETA, el procurador había negado la versión de la fiesta ilegal y había dicho que la dirección consignada en el parte policial no es su domicilio. Explicó que se encontraba reunido con un amigo, escuchando música con el celular y en ese momento “escuchamos un ruido muy fuierte. Me asusté me arrimé a la puerta y, de repente, me encontré con que mi amigo y yo estábamos en la camioneta de la Policía”.

El abogado Martín Pillitteri, quien representa a Roldán Vázquez y a Iramain (h), dijo que en el acuerdo no reconocieron la existencia de una fiesta clandestina y que ellos ratificaron que se trató de una reunión íntima.

Finalmente, según el comunidacdo del Ministerio Público, además de la compra de los equipos, el acuerdo incluyó un pedido de disculpas hacia los uniformados.