Soy vecino del country La Arboleda y quiero informar sobre el padecimiento que sufrimos 250 familias a causa de la intervención judicial. La medida debía durar 3 meses y lleva casi 2 años, y tenía el único objetivo de efectuar una auditoría contable y llamar a asamblea de propietarios: nunca se cumplió. La intervención nos lleva al debacle: aumentaron las deudas de forma exponencial, y el primer interventor fue desplazado, dejando un faltante en caja de $300.000, que la Justicia sabe y no explica. Mientras nuestro pasivo va en ascenso, el barrio se está deteriorando: calles intransitables, pastizales altos, falta de iluminación, hechos constantes de inseguridad… Los vecinos de La Arboleda venimos siendo castigados desde el inicio. El fideicomiso desarrollador incumplió en muchas de sus obligaciones (obras), un alto funcionario del Poder Judicial, vecino de nuestro barrio, no hizo nada al respecto, pero si actuó cuando los vecinos elegimos democráticamente nuestras autoridades, iniciando una acción judicial, impugnando dicho acto; esto produjo una interminable intervención judicial. El costo de esta medida es caro. Los honorarios del interventor y su equipo nos cuestan $200.000 mensuales, dinero que pudiéramos destinar al country. En tema seguridad, el desempeño del interventor es lamentable, se hicieron innumerables reclamos sobre las falencias de la empresa actual, pero él se empecinó en sostenerla. Hoy la empresa tomó la decisión de dejar de prestar servicios, a causa de una deuda de $3,7 millones, originada exclusivamente durante la intervención. Mientras… ¡el interventor no asiste a trabajar desde hace más de 45 días! ¿Qué daño podemos ocasionar los vecinos si elegimos nuestras autoridades? En cambio, Justicia de Tucumán: sepan que son responsables por los daños actuales y por lo que nos pudiera pasar si quedamos desprovistos de seguridad. ¿Será Justicia? Estamos esperando.
Néstor Romero
Country La Arboleda, San Pablo