Hay un efecto estacional (el de inicio de clases que encarece la canasta escolar), pero la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un fenómeno que lleva décadas y que ningún Gobierno ha podido resolverla. Por eso no sorprende que la inflación de marzo haya sido del 4,8%, de acuerdo con las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Desde 1945 hasta nuestro días, la Argentina arrastra medio siglo de inflación a más del 20% anual y 33 años a una tasa que superó el 30%. Por esa razón es que los argentinos miramos más las pizarras del dólar antes de ir a la carnicería, a la verdulería y hasta el supermercado. Pero con las restricciones cambiarias, ni siquiera el mercado informal de divisas ha sido tentador para cubrirse con billetes verdes. Sencillamente porque las familias han perdido la capacidad de ahorro frente a una pandemia de la Covid-19 que ahondó con la recesión económica que ya lleva más de tres años.

No hay moneda fuerte en la Argentina, mientras los gobiernos (de todos los colores) apelan a las emisiones para cubrir gastos corrientes y obligaciones financieras. Así, será difícil encontrar la luz al final del túnel, en un horizonte que, de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, estima una inflación para este año del 46%, muy lejos de la pauta del 29% que preveía el Ministerio de Economía de la Nación. Las presiones inflacionarias continuarán. Sólo basta recordar que este mes subirá otra vez el precio del combustible y se mensualizará el impacto de los reajustes en los servicios públicos privatizados (electricidad y gas, entre otros). Puede que hasta el cierre del primer semestre, la readecuación de algunos precios continúe, pero luego se paralizará, al menos hasta noviembre cuando vuelvan aquellas presiones, por efecto de las elecciones parlamentarias.

La Argentina se está quedando sin capacidad de adaptación a un proceso inflacionario que no encuentra rumbo. Es un problema de fondo que, históricamente, no ha encontrado resolución en nuestro país, acostumbrado a que los salarios suban por la escalera, mientras la inflación lo hace por el ascensor. De la discusión económica pasa a las cuestiones netamente sociales, de supervivencia de aquel que tiene un ingreso promedio y no puede llegar a fines de mes. Aquí es donde el Estado puede y debe actuar, pero no solo con políticas de controles policiales de precios, sino también de promoción de más acciones para reducir la carga fiscal a sectores que produzcan alimentos.

Aquí no sólo deben pesar las estadísticas, sino también la planificación que se haga para salir de este proceso. Esa puede ser la clave que puede acarrear cierto costo político, pero que, en el tiempo, puede redundar en una mejor distribución de la riqueza, generando más ingresos genuinos y combatiendo la especulación.