El informe que presentó el ministro Claudio Maley a la comisión de Seguridad en la Legislatura estuvo bien guardado durante algunos días. Al leer su contenido, se entiende por qué el oficialista y titular de ese grupo Gerónimo Vargas Aignasse lo tuvo en reserva. Los números son reales, no hay dudas, pero no era un buen momento para contarlos. En realidad, por el alto nivel de desconfianza y descreimiento de la sociedad hacia los tres poderes del Estado por el crecimiento de los índices de inseguridad, nunca será oportuno dar a conocer una buena noticia en este campo.

El dato más duro y cuestionado fue que los delitos contra la propiedad se habían reducido un 19% en 2020. Ese número tiene condimentos extras. Se basan en las denuncias que se realizaron. Por la pandemia se redujeron los índices delictivos en todo el país y no sólo en nuestra provincia.

Tal como indican los estándares internacionales, en los trabajos estadísticos quedan afuera las cifras en negro, es decir, los hechos que no fueron reportados y se sabe que en nuestra provincia, en promedio, el 45% de los casos no son informados. Y eso se debe a una sola razón: el descreimiento a la Policía y a la Justicia.

Lo ideal, imposible

Al estar todos encerrados, obviamente, hubo menos víctimas. Pero lo que muchos se olvidan es que durante en esos días, todos los efectivos policiales, apoyados por las fuerzas federales, coparon las calles de toda la provincia. Esa imagen, como se dijo en ese momento, era excepcional e imposible de mantener con el tiempo.

Y justamente ahí se encuentra la clave de la polémica. Durante esas jornadas, para hacer respetar el aislamiento, hubo una enorme tarea de prevención. Nunca antes se había hecho esos operativos. Un trabajo que no se puede repetir porque la Policía no tiene con qué hacerlo. Y no cuenta con los recursos porque hubo cinco años en el que se invirtió muy poco o se mal invirtió.

Un ejemplo fue la compra de armas a Israel -pagadas en dólares- que tardaron en llegar y que además terminaron siendo insuficientes. En el documento se anunció una nueva adquisición y nadie preguntó qué pasó con las 4.000 que, según los funcionarios, ya terminaron de llegar. Los enfrentamientos con los delincuentes son aislados, pero no hay móviles para perseguirlos. Si no fuera por las donaciones del Ministerio Público Fiscal, como no ocurría hace 20 años, las dependencias policiales de la capital no tendrían móviles para hacer su tarea. Si eso ocurre en el distrito más importante de la provincia, imagínese lo que sucede en el interior. Yerba Buena, que no está tan lejos y que sufre de la inseguridad como nunca antes, es un ejemplo.

En el polémico informe, el ministro hizo hincapié en la importancia del Programa de Cuadrantes de Cuadrículas. Un plan con el que apuesta a la prevención. Un ambicioso plan que no se puede poner en un 100% por falta de recursos. Para hacerlo, sólo en el ámbito de la capital, Maley explicó que necesitaría 1.210 efectivos, 154 bicicletas, 154 motocicletas y 20 camionetas. Urgidos por resultados lanzó a la calle 600 uniformados, sin ningún tipo de móvil con la promesa del arribo de la mitad de motos y vehículos. El policía hace prevención a pie, mientras los vecinos son atacados por motochorros. Así es difícil cuidar a la ciudadanía.

Más polémicas

La secretaría de Lucha contra el Narcotráfico también hizo un balance de la tarea que desarrolló el año pasado. Una de las pocas actividades económicas (si no fue la única) que no sintió la paralización de la pandemia fue el narcomenudeo. Como en esta actividad ilícita también manda la ley de la demanda y la oferta, al haber menos mercadería, en un momento se encarecieron las dosis, pero como fallaron los controles, paulatinamente los precios se acomodaron y los quioscos nunca dejaron de vender. Pese a ello, a lo largo de esos 12 meses secuestraron 10,2 kilos (unos 850 gramos por mes). Este número se dio a conocer días antes de que trascendiera un informe de Estados Unidos en la que se advertía a las autoridades del país su preocupación por el crecimiento de los delitos vinculados a la droga. “La Argentina ya no es solo un país de tránsito, sino también de consumo y exportador de estupefacientes y precursores químicos”, se pudo leer en el documento. Y la cocaína que se produce en Bolivia, por una cuestión geográfica, debe pasar por Tucumán.

El incremento de la violencia es otro de los problemas que agobian a la provincia y que están vinculado, en la mayoría de los casos, al mundo narco. En el documento presentado por Maley en la Legislatura se informó que durante todo el 2020 se hicieron numerosas actividades para lograr la pacificación en los barrios más calientes de la provincia. En esos lugares, donde la vida no vale nada y los transas son el Estado, los policías recorrieron sus calles y sus vecinos pudieron acceder a clases de yoga y origami para que emitan ondas de amor y paz. Pero los resultados están a la vista: los homicidios no paran de crecer. Así siempre será difícil que la ciudadanía vuelva a creer en los números.