Las crisis políticas con derivaciones institucionales, como la que atraviesa el oficialismo provincial, suelen desnudar una situación que es recurrente en la provincia y de la cual es necesario reiterar: la falta de transparencia de las acciones administrativas del Estado. Fundamentalmente las referidas a la incorporación de personal para cumplir tareas en los poderes del Estado, especialmente los eminentemente políticos, como lo son el Ejecutivo y el Legislativo. La disputa de poder en la que se enfrascaron los principales referentes del Gobierno dejó en claro que los principales afectados, o la moneda de cambio del conflicto por espacios de poder y por imponer liderazgos, son los empleados contratados por la dirigencia política.
En los últimos días los comentarios alrededor de la pelea entre el gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, aludían a los contratos que se iban a dar de baja, de un lado o del otro, en revancha por los alineamientos políticos de los referentes intermedios. Se arrojaron cifras sobre la cantidad de personas que podrían ser afectadas, que quedarían en la calle. Ahora bien, lo único seguro es que estos empleados de bloques políticos o contratados en el Ejecutivo cobran de las arcas del Estado, pero hasta ahora no se ha podido determinar la cantidad total de estos trabajadores, militantes políticos, obreros territoriales o punteros de la política.
Eso es debido al secretismo con que se manejan estas acciones, porque no existen normas que garanticen y obliguen a la transparencia de los actos de Gobierno, porque desde la política no se termina de concretar una ley de acceso a la información pública que permita a cualquier ciudadano conocer cuáles son los destinos de los dineros públicos. Y que el Estado tenga que contestar, como ocurre a nivel nacional. Se trata de recursos que a la postre salen de los bolsillos de los que cumplen acabadamente sus obligaciones con el Estado.
La dirigencia política, la que llega a ocupar cargos públicos por voluntad popular, es la que rechaza, por lo menos es lo que demuestra la mayoría en Tucumán, la obligación de dar a conocer qué hace con los dineros públicos, adónde los destina, a quiénes beneficia y en qué cantidad. Así es como, por ejemplo, se puede mencionar que se darán de baja a 10 empleados contratados en la Legislatura, o a 100 de tal bloque, o a 200, en el marco de la crisis política que afecta al oficialismo, pero no se llega a conocer con precisiones sobre el plantel de contratos políticos que manejan la Cámara y sus legisladores. Aún no se puede saber ni siquiera los destinos de $ 600 millones en subsidios que destinó la Legislatura.
Una legislación que permita conocer en detalle los gastos del Estado tal vez frene conductas que pueden estar reñidas con la ética y que afectan a la política como un instrumento idóneo para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Por ahora, por lo que revela lo peor de la acción política, beneficia a unos pocos con las arcas estatales. Mientras algunos expedientes, decretos o resoluciones, no salgan a la luz por decisión quienes gobiernan, este tipo de conflictos de poder en una gestión van a ser permanentes, especialmente porque como elemento de presión están estas personas que trabajan para referentes políticos y cuyo número se desconoce.
Esta realidad trae también a la mesa de discusión no sólo la obligación de contar con una ley de acceso a la información pública, sino de una norma que contemple el ingreso al Estado a través de concursos públicos, para evitar los acomodos, el amiguismo o las ventajas de los que llegan a la gestión pública para usar al Estado como un botín de guerra.