Más de 272 mil ligaduras de trompas y unas 22 mil vasectomías se realizaron sin consentimiento y sin conocimiento durante el mandato de Alberto Fujimori, entre 1990 y el 2000, en Perú.
Este 1 de marzo el exmandatario se sentará en el banquillo de los acusados, para hacerse cargo de las acusaciones de impulsar un plan para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas del país.
Fujimori defendió su política bajo el argumento de que sería un plan progresivo que ofrecía una amplia gama de métodos anticonceptivos, en donde se incluía la entonces ilegal esterilización quirúrgica. Las víctimas eran principalmente de distintas comunidades indígenas del país, de origen humilde y hablantes del quechua, por lo que no entendían el consentimiento que firmaron, dado que estaba escrito en español. Cerca de 2.073 mujeres denunciaron que se les ligaron las trompas forzadamente ante grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía.
"La verdad es que, en lugar de promover una variedad de métodos anticonceptivos, había objetivos, cuotas y un número de esterilizaciones que el personal de salud tenía que lograr", explicó en una entrevista con la BBC, una exfuncionaria.