Luis Iriarte
Constitucionalista
El debate sobre la necesidad del recambio dirigencial y la renovación política, generó cierta homogeneidad en las exposiciones de destacados referentes políticos entrevistados por LA GACETA el pasado 15, con algunas importantes puntualizaciones.
La mayoría de estos políticos expuso, certeramente, que la renovación no es un problema generacional, de edad o de moderación, sino de defensa de valores y de ejemplos de conducta en su desempeño dirigencial. Destacaron la importancia de la idoneidad de los candidatos, con nuevas ideas, para que la renovación sea genuinamente positiva. Sandra Manzone, por su lado, expuso un aspecto esencial: "Es clave observar la experiencia en los espacios de control y rendición de cuentas de los representantes".
Alfonso Prat Gay, a su turno, en otros aspectos del escenario político, declaró con mucha sensatez, que los que se oponen al actual oficialismo comandado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "no solo deben dialogar con la comunidad política, sino también con las fuerzas vivas, con los sindicatos, con los empresarios, definiendo una Argentina posible", sin mezquindades dirigenciales.
En torno de los valores, cabe destacar que los más destacados se encuentran perfilados en los textos de la Constitución Nacional y de la Carta Magna local, y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que valen como la Constitución misma, conforme los artículos 31 y 75, inciso 22, de nuestra Ley Suprema. Defendemos la vida desde la concepciòn (artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Convención sobre los Derechos del Niño); a la embarazada desde la gestación de su hijo (artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional; y en el Preámbulo y en el artículo 146 de la Constitución provincial), oportunidad en que el Estado local asume el compromiso de garantizar el derecho a la vida desde la Concepción.
Instituimos la democracia republicana, participativa y federal, con igualdad de oportunidades para el acceso a los cargos públicos, protegiéndose especialmente al medio ambiente y a usuarios y consumidores, propiciando nuestro Preámbulo provincial la equitativa distribución de la riqueza. No se admite ni se consiente, conforme artículo 29 de la Constitución Nacional, que puedan otorgarse facultades extraordinarias o la suma del poder público a Poder Ejecutivo alguno por las cuales la vida, el honor o nuestras fortunas queden a merced de ninguna mayoría ocasional. Debe afianzarse en todo momento la Justicia independiente, asegurando los beneficios de la libertad, en armonía con el deber estatal de promover el bienestar general.
Todos estos son ideales políticos institucionales que, partiendo desde nuestro histórico Preámbulo constitucional de 1853, deben resguardarse. Se condenan tanto los golpes de Estado como los actos de grave corrupción protagonizados por funcionarios públicos. Sostenemos el culto católico apostólico romano (artículo 2 de la Constitución Nacional y 26 de la Constitución provincial) por identidad histórico religiosa de nuestro pueblo, sin perjuicio de la plena libertad de cultos.
Entre los ideales que profesamos históricamente en nuestros textos constitucionales y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, está el importantísimo capítulos de los deberes que deben asumir y cumplir todos los habitantes y ciudadanos, Destaco, entre ellos, el de defender la Patria y la Constitución, el de votar en elecciones auténticas, libres de presiones o indebidas ventajas del oficialismo de turno; el de participar en procesos electorales en igualdad de oportunidades con los candidatos oficialistas; el de trabajar, para todo aquel que se encuentre en condiciones de hacerlo; el de pagar impuestos cuya recaudación y utillización debe ser rigurosamente controlada por los órganos legislativos, año tras año.
Necesitamos una dirigencia renovada que cumpla con estos valores y deberes, que efectivamente se controle por el legislativo el manejo de los fondos públicos por parte del Ejecutivo de turno y no se permita tener por aprobada la rendición de cuentas del Ejecutivo en forma tácita, porque el vicegobernador de turno, incumpliendo su deber constitucional, no convoca al debate correspondiente, frustrando el debido control de la oposición legislativa.
Con urgencia requerimos que se cumpla con el deber de legislar posibilitando el acceso y difusión pública de todos los datos que deben proporcionar los tres órganos de gobierno, en los términos del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. La Legislatura, de manera especial, debe rendir cuentas públicas sobre la cantidad e identidad de empleados permanentes y temporarios nombrados por los vicegobernadores, como también de los asesores de todos los legisladores.
Exigimos que se regulen por ley las candidaturas de funcionarios públicos que quieran participar en los procesos electorales, imponiendo la imprescindible licencia previa al acto electoral con la debida antelación, para evitar que utilice fondos públicos apoyando su propia postulación. Necesitamos urgentemente modificar la ley reglamentaria del Ersept, el órgano de control de EDET y de la SAT, porque viola garantías constitucionales al no establecer que su Directorio debe integrarse necesariamente por un representante de la ONG de usuarios y consumidores con mayor número de afiliados. Y porque consigna un ingreso para este órgano de control equivalente a un porcentaje del monto de la factura que paga el usuario. Cada vez que el Ersept autoriza incrementos tarifarios, le ingresan más fondos para su propia estructura, por lo que no es el órgano independiente e imparcial que exige el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Debe limitarse al mìnimo, por ley reglamentaria, la polémica cláusula constitucional del "acople". Desde su aplicación por la reforma constitucional del 2006, hay más de 300 partidos políticos legalizados, la mayoría de los cuales "acoplan" con los candidatos oficialistas al ejecutivo provincial, varios de los cuales tienen el mismo apoderado, la misma dirección partidaria y la misma plataforma política, apuntalados por fondos públicos. En la imprescindible renovación política que exige la ciudadanía, nada mejor que volver la mirada a los ideales, derechos y deberes de nuestra Ley Mayor y cumplirlos a rajatablas.
Urge modificar el Reglamento de la Legislatura que le otorga facultades extraordinarias y la suma del poder al vicegobernador, compañero de fórmula del Gobernador, lo que destruye el principio de división de poderes, tornando inconfiables a los legisladores opositores que toleran esta situación.
En esta exigencia de renovación política, examinemos la conducta de cada uno de los legisladores que actuaron y aún actúan, para reflexionar si les renovamos nuestra confianza o los sustituimos por otros más creíbles.