La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) anunció, el último viernes, que se acogerá a la ley de quiebras del país y suspenderá los pagos. Con esta medida, la empresa norteamericana se declara en bancarrota por la difícil situación económica.
Otra de las decisiones que tomaron para la empresa fue su traslado a Texas, como parte de un plan de reestructuración para reflotar sus maltrechas finanzas. Así, el principal lobby a favor del uso de armas en Estados Unidos, abandonará su sede central, que estaba situada, hasta el momento, en Nueva York.
Pese a haberse refugiado en esta ley (por la cual suspenderá los pagos), la compañía aseguró a través de un comunicado que sus cuentas aún son “fuertes”, y atribuyó el cierre de su sede central en Nueva York para irse del “corrupto ambiente regulatorio y político” de la Gran Manzana.
Demanda
La Fiscalía de Estado de Nueva York no vio con buenos ojos la decisión de la empresa y rechazó la maniobra. De hecho, la fiscalía de Estado pidió la disolución de la organización en una demanda que acusaba a los directivos de la NRA de haber desviado fondos para usos personales por un valor total de 64 millones de dólares.
Letitia James, fiscala general de Nueva York, aseguró en un comunicado que no permitirá que esta organización “use esta, o cualquier otra práctica, para evitar rendir cuentas sobre su accionar”.
“Por fin el estatus financiero de la NRA se iguala a su estado moral: en quiebra”, con esas palabras decidió titular el comunicado que escribió James.
James no se quedó ahí y pidió a la Justicia disolver a la empresa y que los directivos reembolsen la totalidad de los fondos que presuntamente desviaron. (Europa Press)