El acontecimiento ocurrido en Río Gallegos a finales de diciembre de 2020 representa la última etapa de una perniciosa tendencia que ha conocido, en el curso de los años, diferentes declinaciones. En efecto la decisión de remover la estatua del presidente Roca del centro de la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz se inscribe en el marco de una serie de acciones que quieren imponer una perspectiva unilateral de los eventos históricos a partir de un capcioso revisionismo.

En 1997, por ejemplo, frente a una campaña de firmas, impulsada por la Comunidad Mapuche de Anekón Grande y por unos ciudadanos de la ciudad de Bariloche -que pedían el retiro del monumento y el cambio de nombre de la plaza- la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos consideró que “la estatua del general Julio A. Roca levantada en la plaza del Centro Cívico de Bariloche forma parte de la totalidad del monumento histórico nacional constituido por ese centro y no debe cambiarse su ubicación”.

En el año 2004 el ostracismo hacia el político tucumano se enriquece de un nuevo episodio. El periodista, historiador y escritor Osvaldo Jorge Bayer propuso desplacar la estatua ecuestre de Roca del centro de Capital Federal, porque no se podía celebrar “al héroe del genocidio”

Ocho años después, el sentimiento de hostilidad hacia Julio Roca conoce un acto de auténtico vandalismo. En la ciudad de San Carlos de Bariloche los miembros de la Cooperativa 1 de mayo intentaron derribar el monumento del ex presidente .

En los años sucesivos hubo otras manifestaciones de fuerte y esquemático resentimiento y los recientes hechos de Río Gallegos se unen a una idea sectaria de la historia argentina, con el intento de descalificar la memoria de Julio Roca.

Frente a esta postura tan ambigua y parcial -que desconce los méritos del ex presidente en el marco de la promoción del desarrollo económico, político y social de la República, del impulso a la inmigración y de la realización concreta del espíritu alberdiano de la Constitución Argentina- nos encomendamos a las palabras del historiador José Ignacio García Hamilton que, con ocasión de la provocación lanzada por Bayer, afirmó: “A Roca hay que juzgarlo en la integridad de su acción. Fue absolutamente progresista; impulsó la ley de enseñanza laica, gratuita y obligatoria; impulsó un código de trabajo y promovió la ley de descanso dominical; creó las escuelas industriales y de lenguas vivas”.

Según el intelectual tucumano es indudablemente necesario tener una “mirada crítica” respecto a la Conquista del Desierto, pero, al mismo tiempo, hay que contestualizarla en el marco de la ley 947, que “disponía correr las líneas de frontera para ampliarlas y llevar el telégrafo, el correo, hacer caminos y escuelas”.

En sustancia retirar los monumentos dedicados a Roca significaría desconocer uno de los momentos más altos de la historia argentina, aceptando en consecuencia -subraya García Hamilton- de “retirar el monumento a Colón, irnos, dejar las tierras y devolver la educación pública y gratuita”.