La perspectiva crediticia para los gobiernos provinciales “es negativa” en 2021 debido a una liquidez limitada y continuas dificultades del entorno operativo, advirtió hoy la calificadora estadounidense Moody’s Investors Service.

Entre los factores que determinan la perspectiva negativa, la calificadora señaló que existen limitaciones estructurales de crecimiento y problemas macroeconómicos continuos, como inflación muy alta y presiones cambiarias, particularmente parea aquellos distritos que cuentan con un endeudamiento nominado en dólares. Tucumán, en ese sentido, no tiene esas presiones por las subas del precio del dólar, ya que es poca la cantidad de compromisos en moneda extranjera, aunque tiene una alta dependencia financiera su frente a su principal acreedor: el Gobierno nacional.

El análisis de la calificadora internacional hizo hincapié en los requerimientos de gasto elevados; el acceso muy limitado a los mercados de crédito internacional; y el historial de intervención del Gobierno federal y cambios repentinos en las políticas públicas.

La recaudación de impuestos provinciales se recuperará en 2021, debido al repunte de la actividad económica tras una fuerte caída en 2020. Tras el shock del coronavirus, Moody´s espera un aumento del Producto Bruto Interno del país del 5,2% en 2021, gracias al efecto base favorable (dado que el piso de comparación será muy bajo). Sin embargo, es probable que el crecimiento a largo plazo se mantenga por debajo del 2% debido a limitaciones estructurales, en particular, a los bajos niveles de inversión, dice el informe de la agencia.

Asimismo, el diagnostico de Moody´s expresa que el financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central (cercano al 6% del PBI), que condujo a un aumento de la emisión monetaria, está generando presiones adicionales sobre el tipo de cambio. “La devaluación incrementa también el riesgo de mayor inflación, un ciclo de devaluación-inflación”, agrega el documento difundido ayer por la calificadora. Y, en ese escenario, la rigidez del gasto público en bienestar social y salarios, junto con mayores demandas sociales y una elevada inflación, “seguirá presionando la liquidez y dificultando la administración del capital de trabajo”.