Por María Inés Salvatierra. Abogada previsionalInes.salvatierra@tucumangroup.com.ar
En la última semana del mes de diciembre se decidirá en el Congreso de la Nación la nueva fórmula de movilidad previsional, la que ya tiene media sanción en Diputados.
Los senadores debatirán el 29 de diciembre y en caso de lograr los votos positivos suficientes, el que fuera un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo tendrá fuerza de ley y comenzará a regir en el año 2021 una vez vencido el plazo de la emergencia económica que dio lugar a la suspensión de la aplicación de la ley de movilidad previsional actual.
Un sinfín de situaciones se pueden advertir cuando en realidad no se permite el debate, porque más allá de que cada legislador fija su postura, en todo lo relacionado a la temática previsional pareciera que fuera blanco o negro; es decir pareciera que se sanciona o no el proyecto de ley; sin escuchar otras propuestas, sin presentarse otras alternativas de solución, más profundas, perdurables en el tiempo y que les brinden a los jubilados y pensionados garantías, seguridad y soluciones a largo plazo.
Este proyecto plantea una fórmula en la cual no se considerará la inflación como una de las variables a tener en cuenta para definir los aumentos de los jubilados y, por otro lado, tampoco garantiza un piso de aumento trimestral. Con estas dos bases, sin dudas va a requerir en unos pocos años, una nueva modificación, que en definitiva es lo que viene aconteciendo desde hace un largo tiempo ya.
No dejemos a un lado lo más importante del año 2020 que ya concluye: la movilidad discrecional por decretos generó aumentos mucho menores a los que se hubiesen otorgado con la aplicación de la ley suspendida, sobre todo en las jubilaciones de haberes medios y altos; esto traerá aparejado que los beneficiarios comenzarán el año 2021 con una nueva ley, en caso de ser sancionada y sus haberes deprimidos; por lo cual lo que dejaron de percibir no sólo les afectó en este año, sino que lo verán reflejado en sus haberes desde ahora en más, salvo que inicien acciones judiciales por inconstitucionalidad de los decretos, idénticas a los antecedentes que ya tiene la Justicia Federal.
Hacer caso omiso a lo que los beneficiarios del sistema previsional necesitan (una reforma profunda, sustentable y perdurable en el tiempo), es dejar librado a la suerte el futuro de un poco más de 18 millones de habitantes quienes en los últimos años, no sólo esperan con ansias cada aumento para mejorar sus ingresos, sino que además se ilusionan con un bono adicional cada tanto, como si ello fuera una solución sustentable.
Nuestros jubilados son ex trabajadores; la mayoría de ellos tienen 30 años de sus vidas dedicados a trabajar y aportar; merecen tener seguridad sobre sus ingresos, garantía sobre la movilidad y que sus haberes conserven el poder adquisitivo para vivir con dignidad sin depender de un bono adicional para ello.
Lamentablemente no poseen otra defensa de sus derechos más que la justicia, la que generalmente se demora en llegar.