El constitucionalista Luis Iriarte, promotor de una serie de acciones para que la Legislatura haga público el listado de sus empleados, presentó un pedido a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Sbdar, para que “ejercite enérgicamente sus potestades de Superintendencia que le otorga la Constitución provincial y la ley orgánica del Poder Judicial”. El fin es lograr que los vocales del alto tribunal que no se han excusado de intervenir en el amparo que él interpuso por la nómina legislativa (Sbdar sí lo hizo) “se dignen a cumplir su obligación procesal y constitucional dictando la resolución sobre la competencia de la Corte” en aquella acción, que fue presentada el 2 de julio “y que desde hace meses tiene dictamen del ministro fiscal subrogante a favor de la competencia” del máximo tribunal.

El letrado, que es profesor asociado de la cátedra B de Derecho Constitucional en la UNT, recordó que la acción de amparo es conceptualizada como “expedita y rápida” en el artículo 43 de la Constitución Nacional. “En los autos de referencia, la inacción o mora de los vocales intervinientes genera una violación y desconocimiento inaceptable del principio constitucional aludido”, expuso.

Luego, repasó el derrotero de su presentación. “El 5 de noviembre de 2020 se dictó la providencia que ordena el pase de la causa a conocimiento y resolución del Tribunal. Con fechas 23 de noviembre y 10 de diciembre, peticioné que con carácter de pronto despacho se dictara la resolución sobre competencia. Ambos escritos ni siquiera fueron proveídos por el Tribunal hasta la fecha (17 de diciembre)”, protestó Iriarte.

Desde hace casi 12 meses, el constitucionalista reclama por numerosas vías legales que el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, haga pública la nómina de la Legislatura que preside. Incluso, llevó su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde además pidió que se exija a Tucumán el dictado de una ley de acceso a la información pública.

“En el amparo busco lograr la transparencia y publicidad del manejo de colosales fondos públicos por parte del vicegobernador, referido a las designaciones del personal legislativo, de los asesores de los bloques políticos y de los legisladores en particular”, sostuvo el abogado. Además, calificó esas atribuciones de “omnímodas” e “inconstitucionales facultades extraordinarias y suma del poder público que violan la Constitución Nacional”.

Por último, Iriarte dijo que en el amparo también está en juego el prestigio de la Corte Suprema. “Le peticiono el urgente dictado de la resolución que ordene a los vocales resolver la competencia originaria del tribunal”, le reiteró a Sbdar.