La prevención debe hacerse antes de que las desgracias ocurran. Aunque esto resulta una verdad de Perogrullo, el hecho de que prevalezca el sentido común es esencial para trazar políticas de estado, sobre todo a largo plazo como las de medioambiente. Alentados por el cambio climático, los incendios forestales han afectado este año unas 900.000 hectáreas en 22 provincias argentinas, Tucumán entre ellas. Es natural que en medio de la pandemia y en plena época de lluvias, las terribles escenas de aviones hidrantes privados - porque la Provincia no dio abasto- intentando apagar el fuego del cerro San Javier, hayan quedado en el olvido. Por desgracia, las previsiones meteorológicas afirman que los meses de intensa sequía seguirán unos años más, por lo tanto, todo indica que podrían darse las mismas condiciones en 2021. Esto nos pone en alerta para insistir en acciones de prevención que se deben tomar en estos meses.

Hace algunos días pasó sin mucha trascendencia mediática, el anuncio de la certificación con las normas internacionales de un campo de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres en Overo Pozo, como libre de uso de fuego. De esa manera esta tierra se suma a las ya 47.000 hectáreas que en Tucumán cuentan con certificación ambiental. Esto significa que en esas tierras no se usará la tradicional y perjudicial quema de rastrojos en los cultivos de caña de azúcar, práctica que está prohibida por ley porque puede provocar incendios que luego se tornan incontrolables.

Esta certificación es un avance importante en la prevención de incendios en áreas naturales porque visibiliza un compromiso de los empresarios y agricultores con el cuidado del medio ambiente.

Impactados por los tres meses de incendios que se sucedieron en Tucumán a partir de agosto, se organizó un foro internacional sobre “Gobernanza local en el manejo de incendios forestales”. Estaba organizado por una empresa agrícola ganadera y por la cooperativa Generar. El foro fue una de las acciones de la campaña de concientización que se realizó bajo el lema “Prevenir el fuego construir - futuro”, destinada a la comunidad y a los usuarios de los ecosistemas.

Intervinieron expertos en bosques y medioambiente. Uno de los conceptos que se manejó allí fue el de “gobernanza”, un modelo participativo de empresas con responsabilidad social, Estado y comunidad para la planificación y gestión de las zonas boscosas o áreas naturales.

El modelo involucra dentro del sector privado a efectores académicos y organizaciones sociales. “Busca consensos, acuerdo y negociación en la definición de un modelo de triple impacto entre lo social, lo económico y lo ambiental”, explicó la presidenta de la cooperativa, Graciela Salazar.

La Provincia no puede vivir otro año como el que tuvimos. Es imprescindible avanzar con medidas de educación a toda la población. Si bien el Estado provincial incrementó las fiscalizaciones de campos tucumanos a través de la Secretaría de Medio Ambiente la quema de tierras cultivo no es la única fuente de incendios. El control y las sanciones no es la única acción posible. Hace falta señalética en las zonas turísticas, campaña de información, convenios con entidades no gubernamentales y tantas otras medidas. La vigilancia estatal es fundamental, pero también lo es la toma de conciencia y el compromiso empresarial. Este es el momento para hacerlo, para activar políticas de prevención de incendios para no reeditar las escenas dantescas vividas en 2020.