Tras obtener media sanción en el Senado, la reforma jubilatoria que impulsa el kirchnerismo ya está en la Cámara Baja. Mientras esperan que reciba dictamen, Sergio Massa y Máximo Kirchner negocian con los diputados del peronismo no kirchnerista para aprobarla antes de fin de año. Entretanto, los dirigentes de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda no son los únicos que repudian la iniciativa, sino que ya se alzan contra ella las voces de los destinatarios.
Por caso, Luis Arroyo, referente del Movimiento de Jubilados del Este Tucumano (Mojet), la equiparó a un robo y acusó a Cristina Kirchner de pretender que la aprobación del proyecto en la Cámara Alta pasara desapercibida. “Entre gallos y medianoche, aprovechando la distracción que causó el debate sobre el aborto, los senadores oficialistas levantaron la mano para meternos la mano en el bolsillo. Por eso les decimos ladrones”, protestó.
La nueva reforma
Hace un año, la Ley de Solidaridad suspendió la movilidad que en 2017 había conseguido aprobar el Gobierno de Mauricio Macri (mientras el actual oficialismo intentaba abortar la sesión y un grupo de manifestantes arrojaba 17 toneladas de piedras contra el Congreso). Desde entonces el presidente, Alberto Fernández, subió los haberes por decreto. En comparación con los aumentos que habrían recibido si se hubiera aplicado la fórmula suspendida, los jubilados perdieron entre 5,8 % y 16,8 % en 2020.
Hacia adelante, el proyecto oficial toma en cuenta dos variables para actualizar las jubilaciones: combina la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la evolución de los salarios, mientras que excluye la inflación. Los aumentos ocurrirían cada tres meses y el esquema, de hecho, sería similar al que rigió durante las presidencias de Cristina.
Sin recomposición
Según Arroyo, esta fórmula perjudicaría a los jubilados aún más que la anterior (la ley de Macri implicó para ellos una pérdida de 19,5 % en su poder adquisitivo, de acuerdo con Adrián Tróccoli, socio del estudio jurídico que lleva su apellido y se especializa en el sistema previsional). “La ley no tiene ningún artículo sobre la inflación -observó Arroyo-. O sea, vamos a depender de la recaudación, que es cada vez menor por la recesión y la evasión fiscal, y de los salarios, que no sabemos cuándo van a aumentar porque no hay paritarias”.
Además, el dirigente del Mojet advirtió que el Gobierno no contempla una recomposición del poder adquisitivo de los haberes y consideró que los presenta como variable de ajuste ante el Fondo Monetario Internacional.