“Si hubiera sido que la chica salta, da una vuelta en el aire agarrándose de la baranda, como el acusado dice, la víctima tendría luxado el hombro. Es totalmente inverosímil, increíble y fantasioso su relato”, señaló la fiscala de cámara Estela Giffoniello durante su alegato en la causa que afronta Gabriel Hernán Pérez Soto por el femicidio de su pareja, María Cristina Ávila, ocurrido en abril de 2019. “Él la tomó del cuello, le peleaba y la agarraba de cerca para concretar su objetivo. Las marcas en la baranda del balcón muestran que ella apoyó sus manos y él la empujó”, completó.

Tanto los abogados querellantes como la defensora de Niñez acompañaron la formulación de cargos que hizo el Ministerio Fiscal: homicidio doblemente agravado por vínculo y por mediar violencia de género en concurso real por propagar una enfermedad peligrosa sobre la víctima. Todos los acusadores pidieron la prisión perpetua para Pérez Soto.

Giffoniello argumentó que Ávila jamás se hubiera suicidado y menos delante de su bebé. Dijo que se comprobó que la víctima no tenía ese perfil. También subrayó que Ávila había denunciado anteriormente a su pareja por violencia de género y que hasta el último momento se aferró a su vida.

La fiscala resaltó que los médicos admitieron que las marcas en el cuello de Ávila podían ser porque él la agredió. “Incluso lo dice el médico Rodolfo Lobo, quien hizo la autopsia y reconoció en este debate una omisión. Coincide con lo que dijo luego el médico que profundizó un estudio en Chaco”, mencionó la investigadora.

Giffoniello cerró enumerando los actos de violencia mencionados en los informes de la causa. En ellos se plasmó que el acusado le habría pegado a la víctima incluso cuando estaba embarazada, que llegó a romperle dos veces los lentes, que en otras ocasiones ya la habría tomado del cuello y pateado en el piso, y que los vecinos habían intervenido en algunas ocasiones para apaciguar las peleas. “Lo cierto es que él es el culpable de esta muerte”, cerró su teoría.

“A.M.A. tiene derecho a conocer la verdad de lo que pasó con su madre. Él hoy sufre una enfermedad que además de tratamiento conlleva un estigma”, comenzó diciendo Mónica Romano Mazzone, la defensora de la niñez que vela por los derechos del hijo de la víctima. “El acusado culminó con su dignidad, culminó con su vida y luego escapó del lugar… Nunca se pudo demostrar su versión, sí está probada en cambio su culpabilidad en la muerte y que le transmitió HIV a María. Merece la condena propuesta, es un derecho internacional que tiene el niño”, fundamentó.

La querella, integrada por Enrique Andrada Barone y por Graciela Zotes, alegaron por separado. “La violencia estaba plasmada en el cuerpo de la víctima ¡y el Estado le pedía pruebas! Ni hablar de todo lo que no se llegó a ver porque ocurrió dentro de cuatro paredes”, argumentó la abogada, al referirse a las denuncias radicadas en las comisarías y en el Observatorio de la Mujer. “Pido tengan en cuenta el informe de la OVD, donde Ávila describe cómo casi la matan”, agregó.

Andrada Barone, precisó: “el cuerpo de María Cristina habló, esa es la prueba. No busquemos testigos presenciales porque no los hay”. El abogado detalló cómo Pérez Soto habría procedido. Descartó la posibilidad del suicidio y aseveró que todo ocurrió en medio de una pelea: “el acusado tiene rasguños en el pie porque la víctima se defendía desde el piso, una persona que se defiende quiere conservar la vida”.

Andrada Barone, aseguró que el médico Rodolfo Lobo, quien hizo la autopsia: “vino a mentir ante este tribunal. Ha incumplido con los deberes de funcionario público”. También apuntó que el perito Augusto Aybar Critto no acreditó en informe lo que había declarado.

El defensor, Juan Roberto Robles, basó su alegato en el principio de inocencia. Aseveró que la acusación “quedó sólo en hipótesis y conjeturas”. “Debieron demostrar cómo Pérez Soto cometió el hecho que le acusan, y eso no se hizo. Él no tiene que construir su inocencia, ese principio es universal”, sostuvo. El abogado subrayó que: “nadie hizo alusión a los resultados de pruebas científicas que se presentaron en la causa”, y enfatizó que la querella “quiere desvirtuar esas pruebas”, y que “la fiscala no quiso creer en ellas”. “Para condenar necesitamos certezas, y aquí no las hay. La ciencia no pudo responder cómo ocurrió esto”, cerró. El miércoles sigue el juicio y podría haber sentencia.