Nahuel Toledo

LA GACETA

Al cierre de esta edición, el oficialismo parecía contar con los votos necesarios para avanzar con la media sanción del proyecto de Ley que despenaliza y legaliza el aborto en nuestro país. En el caso de los diputados tucumanos, cuatro iban a votar a favor (Pablo Yedlin, Nilda Carrizo, Carlos Cisneros y Mario Leito) y cinco en contra (Lidia Ascarate, José Cano, Beatriz Ávila, Domingo Amaya y Gladys Medina).

El proyecto permite a las mujeres y personas gestantes poder interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación y detalla que fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

Si hay sanción de la Cámara Baja, el Senado deberá definir el futuro de esta iniciativa que tiene por objeto “regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.

En la maratónica e histórica sesión que inició en la mañana de ayer, más de 150 diputados iban exponiendo su visión sobre el proyecto que envió el 17 de noviembre el presidente, Alberto Fernández. Durante el debate, seis de los nueve representantes tucumanos hicieron uso de la palabra para expresarse.

Como presidente de la comisión de Salud, Yedlin fue el primero en hablar y en manifestarse a favor del proyecto oficial. “La manera para que haya menos abortos justamente tiene que ver con legalizarlo y no mantenerlo en la clandestinidad, traerlo a la luz para que el Estado lo pueda controlar, para darle opciones a las mujeres”, enfatizó.

También dijo que el proyecto “no va contra la religión, las creencias y la cosmovisión de nadie” y agregó: “No estamos contra la vida de nadie, estamos a favor de legalizar una situación que ocurre en Argentina y que realmente necesita salir de la clandestinidad para salvar la vida de muchas mujeres”.

Desde su banca, Ascarate rechazó la propuesta y aseguró sostener “los valores del pueblo tucumano”. “Nuestro sistema legal en todas sus ramas se estructura en base a presunciones, entonces no se puede quebrar el principio de presunción de existencia de la vida humana”, remarcó

En este sentido, la diputada de Juntos por el Cambio indicó que la discusión sobre la legalización del aborto nos define como sociedad y sostuvo que “el respeto a la vida y la defensa del débil es la garantía más elemental que separa al Estado de Derecho de las tiranías”.

Cisneros fue otro de los representantes tucumanos que votaría en favor. En un encendido discurso donde recordó los casos de “Lucia” y “Belén”, el referente gremial aseguró que el Estado debe dar respuestas “a las injusticias que sufren las mujeres” porque todavía se las sigue criminalizando con un Código Penal de hace 100 años. “En Tucumán se producen abortos clandestinos y no hay condena social por eso. El método es con dos agujas de tejer en el útero. Las mujeres se mueren por infecciones o quedan imposibilitadas de tener hijos en el futuro”, afirmó.

Dentro del Frente de Todos, el peronista Leito también se manifestó en favor de la aprobación de la propuesta. “La legalización del aborto, no aumentará los casos. Resuelve un problema de salud pública, salva vidas y preserva la capacidad reproductiva de las mujeres”, aseguró.

Cano se pronunció en contra de la iniciativa, pero además cargó contra el gobierno provincial al asegurar que los derechos de las mujeres “son letra muerta” en Tucumán.“Tampoco es cierto que este proyecto va a garantizar el aborto en casos de violación o casos de riesgo para la madre; esto ya está garantizado por el caso FAL y por el Código Penal”, amplió el radical. Y apuntó hacia la gestión del gobernador Juan Manzur. “El caso Lucía, la nena de 11 años que en 2019 quedó embarazada, es emblemático. En Tucumán el fallo FAL es letra muerta, la ley de educación sexual integral o de salud reproductiva también, porque Tucumán no adhiere”, remarcó Cano.

Finalmente, desde el monobloque del Partido por la Justicia Social, Beatriz Ávila, rechazó la medida y no dudó en asegurar que “lamentablemente el aborto se está convirtiendo en un moderno genocidio”. “¿Quiénes somos nosotros para definir quién vive y quién no?”, se preguntó la diputada y agregó: “Me duele que estemos perdiendo el valor de la vida, el aborto es un acto de violencia, no solo contra el niño por nacer sino contra la mujer”.