1- Hay refugios, pero no son suficientes

Las mujeres que son víctimas de violencia de género pueden acudir a los refugios que tiene la Municipalidad capitalina, a los hoteles que firmaron convenio con la Secretaría de la Mujer y al recientemente inaugurado hogar de Banda del Río Salí, cuyas ubicaciones no se dan a conocer por razones de seguridad. Tampoco se conoce la cantidad de plazas con las que cuentan.

“Si bien estos lugares vienen respondiendo a las necesidades, siempre será importante poder contar con albergues propios para atender la problemática”, explicó Noelia Barros, de Mumalá. Adriana Guerrero, de Cladem, agregó: “los que existen en la provincia son muy precarios. No hay en Tucumán refugios como los que se realmente se necesitan”.

Vicky Disatnik, de la Casa de las Mujeres, coincidió con su colega, pero añadió que en esta situación se agrega otro problema. “Se necesita una orden judicial para ingresar a cualquiera de estos refugios. La Municipalidad, con nuestra intervención, ayuda a las chicas a ingresar sin tanto trámite. Por más que los tiempos se hayan acelerado, cumplir con ese requisito es todo un inconveniente que pone en peligro a las víctimas. Tiene que ser directo, es decir, una mujer que sufrió violencia debe tener atención inmediata”, opinó.

Tiempo atrás, la Fundación María de los Ángeles brindaba esta ayuda en su sede de 25 de Mayo al 900, pero debió dejar de hacerlo porque trascendió que allí funcionaba un albergue y los denunciados se presentaban en el lugar y generaban incidentes.

2- Los problemas de la Justicia

“Los últimos casos se evidenció que hay jueces y fiscales que no venían trabajando bien. No hay fiscalías suficientes para atender esta problemática. Hoy tenemos dos (en el Centro Judicial Capital) y son conducidas por un solo un fiscal para atender los expedientes de ambas oficinas”, señaló Guerrero a LA GACETA.

Las estadísticas se van conociendo de a poco. El incremento de las denuncias de violencia de género fue de más de un 30% con respecto al año pasado. En 2019, el promedio de denuncia era de 800 mensuales. Actualmente, por el efecto de la pandemia, llega a 1.100. “Es imposible que una sola persona tenga tiempo de analizar y resolver todas esas causas”, indicó una fuente judicial.

El legislador Federico Masso ya presentó un proyecto para solicitar la creación de una fiscalía más de género para ayudar a resolver el problema. En el Ministerio Público Fiscal (MPF) se decidió crear una fiscalía de Violencia Doméstica para alivianar la tarea de las dos de Género que funcionan actualmente en el Centro Judicial Capital. A estas dos últimas se les asignarían más auxiliares fiscales para atender y resolver con mayor rapidez las causas que se inicien. No se descarta que se aceleren los procesos para nombrar otro titular de una de esas oficinas, ya que Augusto Zapata actualmente atiende las dos.

“En los últimos acontecimientos se vio la falta de reacción y de acción para abordar la problemática de la violencia de género. Primero, se debería efectivizar la Ley Micaela para capacitar al personal del poder Judicial y a muchos órganos estatales, sobre la perspectiva de género y para que sepan cómo se debe acompañar a las víctimas”, comentó Ramos.

3- Falta tecnología para proteger las víctimas

Ramos sostuvo que una de las pocas cosas que se rescató en esta pandemia, donde se incrementaron de manera alarmante los casos de violencia de género, fue el uso de la tecnología. “La utilización de WhatsApp agilizó el sistema de recepción de denuncias y el pedido de órdenes de restricciones. Antes el trámite demoraba 10 días, y ahora en dos o tres ya se las obtiene. No conocía la App de Banda del Río Salí, pero después me contaron de los buenos resultados que estaban consiguiendo”, opinó.

“No existe una estadística oficial y exacta para poder comparar un antes y un después. Si por tecnología nos referimos a la incorporación de pulseras electrónicas y botones antipánico, me parecen herramientas necesarias e importantes si se las emplea a tiempo. Las pulseras ayudaron mucho, pero hoy son muy pocas; faltan incorporar muchas más”, agregó Barrionuevo.

En nuestra provincia hay unas 100 pulseras duales, pero sólo hasta el jueves había cuatro disponibles. El 40% de los instrumentos están inactivos porque se están reparando en Buenos Aires o están inactivas porque los usuarios perdieron algunos de sus componentes. El MPF ya anunció que está realizando las averiguaciones para la adquisición de unos 100 instrumentos más. Tiene dos alternativas: comprarlas (su valor es de más de U$S 1.000 cada una) y después pagar para que se alguien realice el monitoreo o llegar a un acuerdo con una empresa que la entregue en comodato para realizar la tarea de vigilancia por U$S16 por día y por equipo.

El intendente bandeño Darío Montero fue el hombre que más consultas recibió en los últimos días. Desde el Poder Judicial y el Ejecutivo comenzaron a enviarle preguntas para poder extenderla a toda la provincia. El problema radica que en la Banda cuenta con la tecnología necesaria para hacer el seguimiento y además los que intervienen son los hombres del cuerpo de vigías. El que decida aplicarla deberá contar con esos recursos, que tienen un costo adicional. Por ese motivo, también se están realizando averiguaciones en Santiago del Estero que también cuenta con una, pero funciona como botón antipánico.

4- El debate por más leyes

El femicidio de Paola Tacacho dejó al descubierto que la figura del acoso no está tipificado en el Código Penal Argentino. Mauricio Parada Parejas nunca fue perseguido penalmente por haberle hecho la vida imposible a la docente de inglés; sólo se le iniciaron causas por desobediencia judicial, ya que no cumplía con las medidas de protección que dictaba la Justicia a favor de la víctima.

“Tiene que ser tratado a nivel nacional para lograr que se lo incorpore al Código”, indicó Ramos. “Cladem no es una asociación penalista; buscamos cambios más estructurales. Me interesaría mucho que se analice qué hacer en los casos en los que el denunciado rompe las medidas perimetrales, porque allí hay una penalidad. Debemos rever eso y también qué propondrá la Ley Paola, y si ello será solución o no para el problema”, agregó Barrionuevo. Hasta el momento, ningún dirigente tomó el guante para elaborar un proyecto para que al menos se debata la normativa en el Congreso.

El legislador radical José María Canelada pidió que se declare “política prioritaria en la provincia la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, verbal o físico, que hostiguen, maltraten o intimiden y que afecten en general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, identidad y/u orientación sexual”.

El proyecto contempla que el acoso sea considerado como una contravención. “Siempre que el hecho no constituya delito, será sancionado con hasta 90 días de arresto o su equivalente en multas. La sanción deberá ser complementada conmedidas educativas a los fines de concientizar la problemática de las agresiones y violencias sexuales”, se puede leer en el articulado del proyecto de ley.

En las últimas horas trascendió que hubo contactos entre legisladores y funcionarios de distintas áreas del Gobierno para tratar de buscar algunas leyes para frenar este tipo de hechos. Entre otros, aparecen buscar el sistema para que haya una mejor coordinación entre todas las áreas que tengan que ver con la problemática, establecer un protocolo de acción y realizar algunas reformas en el Código Procesal como la inmediata acumulación de causas en hechos de estas características.

“Se tienen que fortalecer todos los poderes del Estado y los órganos estatales para cambiar la cultura y la educación en este tipo de casos. A la Legislatura se le deber pedir que haga más que sólo sancionar leyes, sino que revise muchas cuestiones antes de sancionarlas. Que vea las cuestiones presupuestarias también para velar por el cumplimiento de esas leyes. Si no, no tiene sentido sancionar una norma que luego no se cumple”, agregó Barrionuevo.

5- La ayuda, todo un problema

El Estado brinda dos tipos de ayuda a las personas que han sufrido o sufren violencia de género. Uno de ellas es conocida como la Ley Brisa, norma que otorga una reparación económica para los hijos de víctimas de femicidio de hasta 21 años, equivalente a una jubilación mínima. El otro beneficio es el Plan Acompañar: las mujeres reciben un salario vital y móvil durante seis meses para que puedan independizarse.

Las tres especialistas consultadas por LA GACETA coincidieron en señalar que en Tucumán no es sencillo acceder a estas ayudas. “Son aspectos importantes para la protección, pero se debe buscar desburocratizar los trámites para obtener el beneficio”, indicó Ramos.

“Después de mucho trabajo y esfuerzo, los abogados y familiares de las víctimas acceden a la Ley Brisa. Se tiene que flexibilizar el acceso a estas ayudas. Hay abuelos que se encargan de la crianza de los niños sin contar con los ingresos suficientes y no cuentan con los recursos necesarios para acceder a un abogado”, indicó Barrionuevo.

Disatnik agregó: “el mayor problema es que para acceder a todos los beneficios, se deben presentar oficios judiciales que no son sencillos de acceder. Además hay muchas víctimas que, por falta de difusión adecuada de estos beneficios, no saben que pueden acceder a estos programas de ayuda”.

6- Demoras en la atención en salud mental

“Es supernecesario que se apliquen tratamientos de salud mental en estos casos. Si alguien presenta patologías debe ser atendido y acompañado, ya sea víctima o victimario. Es primordial que se cumpla con este punto”, destacó Ramos.

En el MPF, según aclaró una fuente a través de oficios enviados a los hospitales, ordenan su inmediata atención. “Pero el problema es que no siempre tienen turnos y las sesiones son bastante distanciadas. Eso no sólo complica a las personas que deben someterse a los tratamientos, sino que además es muy difícil realizar una tarea de seguimiento. Los resultados pueden demorar meses y en las fiscalías se siguen amontonando causas”, explicó un funcionario judicial.

Disatnik fue categórica: “si la atención no es permanente y continua, no sirve”. La referente de la Casa de las Mujeres dijo que muchas veces son ellas, a través de sus contactos, las que les consiguen turnos de urgencia a las víctimas, pese a que cuentan con órdenes judiciales para hacerlos.

7- Sobre medidas y consignas policiales

“Solicitan medidas cautelares porque sienten que es la única manera de protección que tienen”, declaró Ramos. “Sabemos que no es la solución, pero es la herramienta con la que cuentan. Cuando hablan a la Policía y les avisan que tienen una protección a su favor, la respuesta es más rápida”, agregó la referente de Mumala.

Fuentes del MPF estimaron que sólo al 5% de las denunciantes se le concede una guardia policial, es decir, unas 55 por mes, teniendo en cuenta que en promedio se inician unas 1.100 denuncias. “Son los casos más graves y en los que consideramos que corre un serio riesgo. También tomamos otras medidas, como por ejemplo ordenar allanamientos en busca de armas de fuego”, señalaron.

“Durante la pandemia pudimos coordinar mejor el tema de las consignas, al menos en los casos en los que estamos al tanto. Seguramente siempre hará falta mejorar en otros aspectos, habrá falencias, pero en los casos que vimos al menos notamos un avance”, dijo Ramos.

Guerrero se mostró sorprendida porque antes de que concediera la entrevista, se enteró de que la Policía había detenido a un hombre acusado de violar la perimetral. “Hay que ver qué pasará cuando se relaje la tensión social que generó el crimen de Paola. ¿Qué pasará cuando todas las miradas no estén puestas sobre los casos de violencia de género? Si no hay políticas públicas y acciones permanentes, esto no será más que un parche”, concluyó.