Gran parte de la mirada social está posada sobre el Poder Judicial, su rol ante la sociedad, su vínculo con los otros poderes del Estado y el control sobre el accionar de fiscales y jueces en causas de distinto tipo.

El femicidio de Paola Tacacho elevó aún más la crítica de la sociedad hacia lo que sucede en Tribunales, que ya venía en ascenso y había alcanzado un punto casi límite tras el macabro homicidio de Abigail en manos de “Culón”, un delincuente con más de una quincena de causas iniciadas pero que no sirvieron para que en la Justicia lo pusieran tras las rejas.

A partir de estos hechos, las voces sobre lo que sucede en el Poder Judicial y cómo podría mejorar se multiplicaron desde el sector político y académico. En ese marco, LA GACETA convocó el miércoles, para el programa “Panorama Tucumano”, a la decana de Derecho, Adela Seguí, al constitucionalista Luis Iriarte y las abogadas feministas Adriana Guerrero y Dolores Remis. En esa charla sobre lo que pasó con Paola, un punto en común entre los cuatro expertos fue que las culpas por el femicidio exceden al juez Francisco Pisa, quien había recepcionado la mayoría de las denuncias de la joven.

Remis, querellante en el caso por el femicidio de Claudia Lizárraga -de características muy similares al de Tacacho-, por ejemplo recordó que la mujer había formulado 27 denuncias que no evitaron su trágico final. Guerrero sumó que rige un sistema patriarcal y machista. “Hace casi 27 años que estoy en Cladem Tucumán; y desde ese momento venimos pidiendo que el Estado nos escuche, que se diseñen políticas públicas; y necesitamos estadísticas”, había dicho Guerrero. Añadió que el Gobierno no escucha sus pedidos y advertencias respecto de la violencia contra las mujeres y que ni siquiera existe un registro con la cantidad de denuncias ni estadísticas que permitan abordar mejor esta problemática.

A su turno, Iriarte apuntó con énfasis a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. A su criterio, la decisión de auditar el Juzgado de Pisa llega tarde. “No es admisible que la Corte se entere cuando los hechos ya han ocurrido, y comience a ordenar auditorías para examinar el comportamiento de fiscales y de jueces. La Corte es el único órgano que, según la Constitución, tiene facultades de superintendencia; esto implica que puede examinar permanentemente el comportamiento de jueces y fiscales”, señaló el constitucionalista. En ese sentido, opinó que en forma mensual deberían realizarse estas auditorías en todos los juzgados del fuero Penal. Además, añadió que la Corte también debe comunicar a la sociedad cómo se desarrollan las causas, no sólo de violencia contra las mujeres, sino también de corrupción de funcionarios públicos.

Otra voz fue la de la decana de Derecho, que no dudó en señalar que las instituciones deben asumir sin vergüenza que tienen que asumir la responsabilidad de formar profesionales que tengan una mirada íntegral, sensible y de género.

En definitiva, las voces de los profesionales sintetizaron las de muchos otros ciudadanos y académicos que vienen planteando ideas y reflexiones para señalar que es posible un Poder Judicial que funcione mejor, que dé más respuestas a la sociedad y que recupere la confianza de la ciudadanía.

Sería importante que los hombres y mujeres que ocupan lugares claves en la estructura de la Justicia estén abiertos a oír un reclamo que ya es casi imposible de obviar.