En una breve audiencia digital, la Justicia, con la conformidad de ambas partes, suspendió el juicio a prueba de un imputado por tentativa de robo. La gran beneficiada de esta medida fue la iglesia Cristo Rey de Las Talitas, que recibirá una donación de $ 3.000 por parte de Luciano Ronald Eric González, quien habría pretendido sustraerle el celular a una mujer sin ejercer violencia.

En apenas 38 minutos, la situación se resolvió. Pudo haber sido aún más rápida la resolución, pero los problemas de conexión ocasionaron que la comunicación se cayera al menos tres veces durante el proceso.

El juez Dante Julio Ibáñez abrió la audiencia dándole la palabra a la defensora oficial Teresita Mendilaharzu. La abogada subrayó que se estaba debatiendo una causa de robo simple en la cual su defendido no tenía antecedentes penales. También esgrimió que González trabajaba como albañil hasta el inicio de la pandemia para sustentar a su madre y sus hermanos. En ese contexto, la profesional solicitó que se evitara la realización de un juicio a prueba por esta causa, ofreciendo una reparación de $ 3.000 para la víctima, Ana Lía López; dinero que se ofreció también como una donación al templo.

“Hay voluntad, además, de parte de mi defendido para cumplir con las tareas comunitarias que se le impongan, siempre y cuando se tomen los recaudos necesarios para su realización durante la pandemia de Covid-19”, agregó Mendilaharzu.

Tras exponer su argumento, la víctima fue consultada sobre la reparación propuesta. “Prefiero que el dinero sea donado a la iglesia, siempre y cuando se garantice su cumplimiento”, sintetizó López.

El auxiliar fiscal Leandro Abdala, concordó con la proposición, recordando que durante el asalto no hubo una violencia que pusiera en peligro la vida de la víctima ni de terceros y aseverando que el victimario no era un reincidente; sin embargo, el funcionario que asiste al fiscal Carlos Picón, agregó como exigencia que González sea sometido a tratamiento de rehabilitación en caso de que se determinara que consume o es adicto a alguna sustancia.

No hubo objeción por parte de la defensa ni del imputado, quien mascando chicle intervino en la conversación para responder “sí”, cuando fue consultado por el juez sobre si aceptaba la condición. “Desde que recuperó su libertad el 15 de septiembre estuve en constante contacto con el acusado y hemos hablado sobre la importancia de que no vuelva a caer en el delito y de que aceptara las determinaciones de la Justicia”, detalló la defensora oficial.

Recordando que esta infracción a la ley prevé una condena de hasta tres años de prisión condicional, el magistrado aceptó el convenio entre las partes, el donativo a la iglesia de Las Talitas se realizará en dos pagos de $ 1.500 y el procesado fue condenado a un año de tareas comunitarias y a realizar rehabilitación, acciones que deberá comenzar a realizar una vez que se levante las restricciones previstas por la pandemia. (Producción periodística: Santiago Re)