Para el pedagogo Guillermo Ramón Ruiz, autor de “El derecho a educación: definiciones, normativas y políticas públicas revisadas”, la pandemia y la educación a distancia dejaron expuestas una serie de situaciones que no eran tenidas en cuenta. A continuación, parte de su diálogo con la agencia de noticias Télam.

- Uno de los ejes del libro es qué implica la igualdad educativa y habla de oportunidades de egreso, de acceso. ¿Cuáles son las claves para dimensionarla?

- El principio de igualdad hace referencia a una relación: ¿igual a qué o a quién? Destacamos la perspectiva de la igualdad como redistribución y reconocimiento que apunta a evidenciar desigualdades de orden material y simbólico. Se trata de incluir a los excluidos en la deliberación, en la distribución de la palabra, por lo cual la igualdad no refiere a un presupuesto sino a una meta a alcanzar. Las acciones pueden ser múltiples en función de las características de la población escolar, por ejemplo, para los sectores más empobrecidos cabría garantizar, entre otras: escuelas de jornada completa, cursos más reducidos, con más docentes, además de comedores escolares y servicios de salud.

- ¿Qué pasó en ese sentido a partir de la pandemia?

- Con la pandemia y la educación a distancia se puso en evidencia, además de las brechas pedagógicas, sociales y culturales, la necesidad de ofrecer propuestas desafiantes a los estudiantes en términos de enseñanza, de no enseñar contenidos sueltos. Resulta importante pensar no sólo en la selección de contenidos, sino también en el tipo de propuestas didácticas que se pueden realizar a través de las plataformas digitales.

Hay que reflexionar sobre cómo se aprenden esos contenidos -enseñados a distancia- y ello difiere en cada nivel (inicial, primario, secundario, superior), y a la vez es diferente en cada contexto y región del país. Es mucha la tarea para realizar. Quizás tanto docentes como directivos podrían comenzar a volver (con el máximo cuidado y protección garantizados por el Estado, de acuerdo con las condiciones de bioseguridad requeridas) gradualmente -y no todos los días- a las instituciones escolares, tanto para evaluar lo que ha sucedido en estos meses como para anticipar escenarios futuros. Quizás se deban instrumentar medios para reducir algo de la jornada actual y prever el retorno progresivo a las instituciones para fortalecer la colaboración entre pares e iniciar la planificación del próximo año, donde se encontrarán con estudiantes que han tenido desiguales experiencias escolares.

- ¿Qué implica hoy el derecho a la educación y cómo se puede garantizar?

- Refiere a uno de los derechos humanos fundamentales. Por eso hablamos del plano de la norma y del plano de las acciones del Estado. Supone obligaciones estatales para respetarlo, protegerlo, cumplirlo, realizarlo y garantizarlo.

En términos de planeamiento, al inicio (de la pandemia) las acciones fueron reactivas y descoordinadas. Sin duda, ante la emergencia, se priorizan ciertas decisiones críticas. Algunos actores entrevistados para el libro dieron cuenta de que prevaleció la urgencia y el desvío de las acciones de desarrollo educativo frente a las necesidades materiales concretas, como es la entrega de viandas alimentarias. Las primeras resoluciones ministeriales establecían suspensión de clases con apertura de los comedores. La importancia no estaba en los contenidos curriculares sino en la necesidad de mantener activo el vínculo con los estudiantes y garantizar las raciones de comida. La brecha digital se convirtió en una brecha de aprendizaje, en especial entre los estudiantes de educación básica que carecen de las habilidades de autorregulación y autodisciplina, así como entre aquellos que carecen de conexión a internet y computadoras en la casa.

El problema que se advierte es la invisibilización de las diferentes condiciones de acceso real a los recursos digitales por parte de la población escolar. Si antes de la pandemia, el diagnóstico educativo estaba marcado por la desigualdad e incluso la segregación, este tipo de crisis globales acrecienta las consecuencias de los déficits existentes. Por lo cual es imperativo planificar, diseñar e implementar políticas educativas bajo el principio de igualdad de oportunidades.