La versión que da cuenta de una posible lista encabezada por el binomio Osvaldo Jaldo-Juan Manzur por parte del Partido Justicialista-Frente de Todos para las provinciales de 2023 genera repercusiones entre los dirigentes políticos de Tucumán.

El diputado radical José Cano (Juntos por el Cambio) expresó a través de sus redes sociales sus críticas hacia los referentes peronistas que se habían expresado a favor de la alternativa de una "fórmula invertida" pensando en los próximos comicios a gobernador y vicegobernador.

"En medio de la crisis que vivimos con problemas para pagar sueldos, Pymes que se funden, personas que hace 100 días que no salen de sus casas, en Tucumán ya piensan en la fórmula para el 2023. Estas son las prioridades de los referentes del oficialismo", sostuvo el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, haciéndose eco de una noticia publicada por LA GACETA.

El intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, quien había opinado con respecto a esa alternativa, no dudó en salir al cruce del ex candidato a gobernador por la oposición en 2015. "Falta mucho para el 2023, nos enfoquemos a trabajar por todos los tucumanos. No viva de la polémica", le contestó, a modo de chicana, el referente peronista de la sección Este.

Con miras a la renovación de autoridades provinciales, en el PJ están analizando diferentes alternativas, aunque todavía sería prematuro pensar que será confirmada cuál será el binomio "oficial" del peronismo tucumano.

Sin embargo, dirigentes comenzaron a hablar de la chance de que Jaldo encabece la nómina y Manzur sea el postulante para regresar a la vicegobernación, una estrategia que no está contemplada ni prohibida específicamente en la Constitución provincial. Lo que sí no pueden hacer los mandatarios es buscar la reelección en el cargo que ocupan desde 2015.

"¿Que puede pensar un ciudadano tucumano al ver a sus autoridades institucionales preocupadas en la integración de la formula gobernador-vicegobernador para una elección en 2023? La respuesta sólo conduce al repudio y condena social; suma una cuota más al descrédito a la clase política. Mientras las familias tucumanas reformulan su economía doméstica para asegurar la subsistencia, resulta irritante la preocupación que desvela las horas de dirigentes políticos y legislativos oficialistas", sostuvo Cano.

Añadió que "los dirigentes con responsabilidades institucionales deben demostrar, como nunca, la íntima conexión entre sus actividades y las necesidades de sus pueblos". "Debe existir una empatía con la creciente angustia económica del pueblo. No es tiempo de rosca ni debates estériles, o ensayos con notoria desubicación social y política.
Dirigentes políticos como Regino Amado y Darío Monteros tienen el deber de honrar el reconocimiento de sus vecinos y conciudadanos que los han elegido, centrando sus agendas institucionales en la búsqueda de soluciones a las consecuencias sociales y económicas que deja la pandemia", afirmó el diputado en un texto enviado a LA GACETA.

"No puede pasar desapercibido el hecho de que más de 350.000 tucumanos se hayan incorporado a la percepción del Ingreso Familiar de Emergencia. Esto no es un dato menor. Es un dato duro y grave que preavisa el incremento de la pobreza y da cuenta de las necesidades del pueblo de Tucumán. La realidad cruda de cómo afectó esta crisis sanitaria, la economía de las familias tucumanas. De esto necesitamos que se ocupen quienes tienen las responsabilidad de gobernar", añadió Cano.