Por segunda vez consecutiva fracasó la intención de tratar la cuestión de privilegio presentada por la concejala justicialista opositora Jéssica Yapura Astorga respecto del audio polémico que registra el supuesto intento de soborno atribuido al intendente tafinisto Francisco Caliva. Omar Monasterio, Omar Vedia y Benjamín Cruz, los ediles justicialistas afines al jefe municipal, volvieron a dejar sin quórum a la sesión del jueves 25 de junio, aunque en esta oportunidad sí estuvieron en el recinto para tratar los otros dos asuntos: la adhesión a la Ley Micaela (obliga a los agentes municipales a capacitarse para prevenir la violencia de género) y el reconocimiento de la tradición indígena denominada Inti Raymi. El Concejo sancionó el primer tema y envió el segundo a comisión para su estudio.

Cuando llegó el momento de debatir la cuestión del audio, que se viralizó en noviembre, días antes de que el intendente tomara posesión de su cargo, los aliados de Caliva dieron por terminada la sesión. Ese mismo jueves, Monasterio, Vedia y Cruz habían presentado una impugnación a la cuestión de privilegio de Yapura Astorga. La nota que dirigieron a la presidenta Sonia Saavedra, que integra la oposición, consigna que el tercer punto del orden del día exhibe una nulidad manifiesta y, por ende, no puede ser sometido a la deliberación de los concejales. Monasterio, Vedia y Cruz adujeron que el artículo 96 del reglamento sólo permite articular cuestiones de privilegio respecto de los miembros del Concejo. “Ese instituto jamás podría extenderse al Ejecutivo municipal porque estaríamos cayendo en la ilegalidad, o sea, en un grave desajuste respecto del ordenamiento jurídico que nos rige”, observaron.

Los ediles de la línea de Caliva advirtieron que si el proyecto de Yapura Astorga no era eliminado del temario, ellos iban a iniciar las acciones judiciales correspondientes a la “lesión” y la “inminente gravedad institucional” que implicaba su tratamiento. El 17 de junio, y en el ámbito de la comisión de Peticiones y Poderes, Vedia había emitido un dictamen en minoría en el que dijo que faltaban pruebas para que el Concejo tomara una posición respecto de la presunta tentativa de soborno y formulara una denuncia penal, como pretende Yapura Astorga.

En mayoría, Saavedra y la impulsora de la cuestión de privilegio sostuvieron que el cuerpo debía expedirse. La grabación controvertida refleja la serie de ofrecimientos formulados al edil justicialista opositor Juan Carlos Rivadeneira a cambio de su adhesión al oficialismo municipal. El episodio, que paralizó al Concejo, fue judicializado luego por particulares y consta en una causa penal que está en la órbita del juez de Monteros, Mario Velázquez. La edila Yapura Astorga comentó a este diario que no iba a cambiar de parecer. “Esto no puede ni debe quedar en la nada: se tendrán que hacer cargo quienes apoyan a Caliva y se ocultan bajo las sombras”, aseguró.