Dos nuevas leyes en beneficio de los profesionales de la salud que combaten el coronavirus sancionó la Legislatura en la última sesión. Una de ellas es para que se garantice la protección y los elementos de bioseguridad para el personal, conocida como “Ley Silvio”, y la otra para que haya sanciones de hasta $ 30.000 para quienes discriminen a aquellos que luchan contra la enfermedad, la padecen o son casos sospechosos y aguardan los resultados de los hisopados.
El oficialismo, el radicalismo, el alperovichismo, el bussismo y el alfarismo presentaron en las últimas semanas proyectos para que se garantice la protección de la vida y la salud de médicos, enfermeros y voluntarios tucumanos que prestan servicios esenciales debido a la pandemia de covid-19. Principalmente reclamaban la adhesión a la Ley Nacional N° 27.548, sancionada el 22 de mayo por el Congreso. Se denominó “Ley Silvio” en homenaje a Silvio Cufré, un enfermero de Buenos Aires que fue el primer trabajador de la salud que falleció en el país a causa de coronavirus.
Precisamente lo que se aprobó en la sesión fue el dictamen de la comisión de Salud Pública, que encabeza Reneé Ramínez, para la adhesión a la norma nacional y la creación de el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus, cuyo objetivo principal es la prevención del contagio de covid-19 entre el personal que trabaje en establecimientos de salud públicos o privados, y entre los trabajadores y voluntarios que presten servicios esenciales durante la emergencia sanitaria. Se fijó como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud Pública, que encabeza la doctora Rossana Chahla.
En el cuarto artículo de la “Ley Silvio” se asienta que “los establecimientos de salud deben garantizar medidas de bioseguridad. Se deben priorizar las áreas de los establecimientos dedicadas específicamente a la atención y toma de muestras de casos sospechosos o confirmados de covid-19, como así también en aquellas áreas en que haya un mayor riesgo de contagio”.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Legislatura donó $293 millones para Salud Pública.
Protección y multas
De manera conjunta en la sesión del jueves se aprobó -por mayoría y con modificaciones- una ley que establece multas de entre $ 10.000 y $ 30.000 para “toda persona física o jurídica que por cualquier motivo discrimine, publicare o expusiera de forma verbal su desagrado, en contra de las personas que por su condición profesional de la salud tanto público como privado y voluntarios, se encuentran abocados al cuidado y atención de personas que contrajeron la enfermedad producida por el virus covid-19, así como también pacientes o que se encuentren sometidos a estudios y análisis previos”. Las sanciones durarán mientras esté vigente la emergencia sanitaria.
El proyecto impulsado por los legisladores Paulo Ternavasio, Ricardo Bussi y Sandra Orquera, de Fuerza Republicana, establecía arresto de entre 15 y 30 días, pero se quitó ese fragmento.
Durante las manifestaciones, Bussi repasó todo lo que generó su diagnóstico positivo de la covid-19, y denunció una campaña política y periodística en su contra. Insistió con que no tuvo la enfermedad puesto que análisis de sangre posteriores dieron cuenta de que carece anticuerpos. El legislador cuenta con una causa abierta en su contra en la Justicia Federal por tres denuncias por la presunta comisión del delito de atentado contra la salud pública.