La Organización Mundial de la Salud confirmó ayer que la vacuna contra la covid-19 no estará lista en 2020. De todos modos, existe la esperanza de que el mundo pueda recuperar su pulso habitual hasta 2021. Ahora bien, hay otros males para los cuales no parece haber remedio. Uno de ellos es la prepotencia, entendida como la actitud de intentar obtener un provecho o amedrentar a alguien mediante el ejercicio abusivo de una posición de poder, sea esta objetiva o subjetiva. El individuo prepotente se siente superior, sobre la convicción de que su status social y/o económico, su educación, su ascendencia, su fuerza física o el cargo que ejerce -entre otros criterios- lo hacen “mejor” que otros, o menos pasible de sanción en caso de inobservancia de las normas.
Se trata de un problema que, aunque mucho más antiguo y universal, guarda cierta similitud con el coronavirus: así como hay personas que presentan síntomas fácilmente advertibles, otras son aparentemente asintomáticas hasta que se presenta la oportunidad de ponerse por encima de otro. Ahí es cuando se revelan como portadores de la enfermedad. Y según los ejemplos que se ven con cierta frecuencia y en toda clase de ámbitos, se puede suponer que el número de casos supera por mucho a los de la covid-19, el dengue y otras enfermedades combinadas.
Sin embargo, a contramano del virus que paralizó al mundo durante estos meses, esta no se previene lavándose las manos. La impunidad, la falta de consecuencias, es a la prepotencia lo que un piletón de agua servida al aedes aegypti. Prolifera donde las normas no tienen el mismo rigor para todos. Y en eso, Tucumán parece un caldo de cultivo, con funcionarios que ordenan respetar el aislamiento mientras se juntan a comidas “de trabajo” u organizan fiestas de cumpleaños multitudinarias sin tomar conciencia del riesgo que significa para la comunidad. En este último caso, al menos hubo sanción: Hernán Aldonate, concejal de Monteros, quedó en prisión domiciliaria y relevado de sus funciones hasta que se complete la investigación sobre el festejo que tuvo lugar en su casa y en el que, de acuerdo a pruebas y testimonios, reunió a muchas más personas de las permitidas.
En ese sentido, cabe resaltar algunas recientes muestras de buen funcionamiento que han brindado las instituciones, sancionando transgresiones que por lo general quedan sin castigo. Este fue el caso de Alejandro Vallejo, prosecretario del Poder Judicial, cuya amenaza a los porteros del country donde vive de armarles una causa penal y hacerles perder el trabajo luego de que estos lo acusaran de violar el aislamiento, le costó ser expulsado por decisión de la Corte Suprema provincial. Desafortunadamente, estos episodios -en cuya respuesta mucho tuvo que ver que tomaran estado público- parecen ser botones de muestra de un problema mucho más común de lo que se cree.
Nuestra sociedad se encuentra en una situación de alto riesgo frente a la inminente llegada del pico de la pandemia. En este sentido se ha apelado a la responsabilidad social y a la toma de conciencia. Pero también es menester el fortalecimiento de las instituciones, para que puedan responder rápidamente ante conductas inaceptables de quienes pretenden ampararse en una posición de poder para escapar al cumplimiento de la ley. La prepotencia puede ser más dañina que el virus.