¿Habrá asomado en esta primera semana de junio un punto de inflexión tímido, pero comba al fin, para la trayectoria de caída de la credibilidad que afecta desde hace años al Poder Judicial de Tucumán? Es una pregunta que sólo los hechos pueden contestar así como fue una seguidilla de acontecimientos la que desencadenó su formulación. Lo concreto es que este viernes la Corte Suprema de Justicia se atrevió a hacer algo que no había querido ni podido ejecutar al menos en los últimos cinco años: echar a un funcionario que había derrumbado la imagen de la institución. El mismo día que comunicó la cesantía de Alejandro Vallejo, “el intimidador de porteros”, el alto tribunal abrió un sumario administrativo para otro prosecretario, José Agustín Marquetti, que está acusado de haber falsificado notificaciones junto al personal trainer judicial Rodolfo Enrique Neufeld. El jueves, los vocales validaron, por la interpósita persona del secretario administrativo Gustavo Ahmad, la nueva planilla de sueldos básicos que no se habían animado a publicar en mayo. Desde el punto de vista del deber ser pueden parecer pasos pequeños y tal vez lo sean, pero la sequía perdurable y las decepciones los convierten en pisadas equiparables a las que dejan los pies sobre la arena húmeda. Como exclamó un príncipe del foro, ¡aleluya!

El caso “Vallejo” revela con elocuencia hasta dónde llegó el deterioro de los Tribunales. Este procurador acumuló 15 -sí, 15- traslados durante sus 25 años de servicio. Ello quiere decir que en promedio no duraba ni 24 meses en las oficinas a las que la Corte lo mandaba cada vez que sus jefes lo ponían a disposición. Dos detalles alimentan el asombro: ni siquiera lo habían tolerado en el Archivo, esa clase de Alcatraz tribunalicio al que van a parar las ovejas negras, y hacia marzo “sólo lo recibían” en la Oficina de Oficiales de Justicia, según Teresita Comolli, la directora de Recursos Humanos. ¿A nadie le llamó la atención este derrotero? La parte más dolorosa de la historia es que Vallejo no trabajaba en un call center, sino en la organización llamada a poner quicio a los desbordes y a impedir la iniquidad. Pero su legajo reflejaba la existencia de una ley por encima de la ley general o, como se sinceró el vocal decano Antonio Estofán, el poder de “los padrinos” para proteger a sus acólitos. Desde ese punto de vista, cayó otro “intocable”. Cuidado: la mayoría de los superiores del agente cesanteado acataron aquella distorsión de la función judicial. De la Acordada 362 surge que solamente la denunciaron dos juezas, Rossana Martínez e Isolina Apás Pérez de Nucci, y los responsables de la Administración y el Archivo, Ahmad y Marta Bravo Saccone.

Posiblemente Vallejo apenas sea un exponente más del extravío de la Justicia. Además de la mancha que generó al ámbito público que lo cobijó enfermizamente, quedan flotando los perjuicios específicos que pudo generar. Un acta labrada en 2012, que trascendió luego de que Vallejo amenazara a los guardias de su country con que “iba a hacerles armar una causa penal”, refiere que este habría requerido favores sexuales a una ciudadana con beneficio para litigar sin gastos -léase mujer en estado de necesidad- y hasta pretendido que le regalaran dos camisas bordadas para sus carreras de autos: el instrumento oficial relata hechos que nunca fueron investigados. Antes -y para no desentonar-, el funcionario había sido sobreseído en la causa penal en la que quedó involucrado por entregar de manera irregular una niña a adultos que luego se fugaron con ella. A partir de ese suceso expuesto por Martínez, la Corte aplicó a Vallejo una suspensión sin goce de sueldos, pero, como quedó a la vista, ello no fue suficiente para que, siete años después, provocara conflictos por no presentarse a trabajar, como relató la jueza Apás Pérez de Nucci. Este desempeño corrobora que no sólo los altos mandos pueden hacer grandes daños: en la Justicia, cada pieza cuenta para asegurar el goce de los derechos o para que ocurra lo contrario.

Los antecedentes del prosecretario sorprenden porque, pese a los descalabros enumerados, el vocal Daniel Posse estaba dispuesto a conservarlo con el para nada despreciable -en época de pandemia y vacas flacas- puesto de encargado. Esa misma “generosidad que empieza por casa” salvó a Neufeld, quien aguarda el desenlace del requerimiento de juicio oral que firmó la fiscala Adriana Giannoni con un salario básico actualizado de más de $ 120.000. Justamente este aspecto material del estatus judicial es el que torna inadmisible la continuidad del laissez faire disciplinario. Los jueces, funcionarios y empleados deben percibir salarios buenos que retribuyan un trabajo incómodo, que exige arbitrar con idoneidad e independencia entre intereses muy pesados, y resolver las disputas que estresan a la población con las espadas que provee la Constitución. Esa remuneración privilegiada en medio de tantas privaciones demanda una conducta ejemplar tanto en el horario laboral como fuera de él: lo dijeron la presidenta Claudia Sbdar, y sus pares Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos al disponer la cesantía de Vallejo. Son palabras dignas de aplauso y de adhesión, que en primer término valen para quienes las pronunciaron. El mismo príncipe del foro que antes había exclamado aleluya dijo que, a la luz de la reacción severa y rápida demostrada ante “el intimidador de porteros”, lamentaba que Leiva no haya hablado sobre su participación en la comida que compartió con el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo durante la cuarentena.

Es cierto que la Corte no publicó motu proprio las planillas salariales que estipulan que el haber básico promedio de un magistrado asciende a $ 218.000. Pero, ante la filtración inevitable, no perseveró en la negación de lo evidente y el secretario Ahmad dio una explicación. El próximo paso es la divulgación voluntarias de estas cifras que no deberían avergonzar a quienes las ganan en buena ley porque tienen colocada la camiseta de la Justicia. Son actos a la altura de esos ingresos los que pueden reconciliar a la sociedad con el Poder Judicial. Para que así sea, facta non verba.