El Colegio de Abogados de la Capital exhortó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a dar marcha atrás con la decisión de mantener el asueto judicial extraordinario hasta el 24 de mayo inclusive. El presidente Marcelo Billone y el vicepresidente Carlos Casal pidieron que el reinicio de las actividades tenga lugar esta semana, como los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos habían previsto en la Acordada 270 del 9 de mayo (el vocal decano Antonio Daniel Estofán no la suscribió por estar de licencia). En un comunicado emitido el sábado, los dirigentes profesionales dijeron que les causaba “una preocupación profunda” el giro del alto tribunal fundado en la recomendación del Comité Operativo de Emergencia que funciona en el Poder Ejecutivo y plasmado en la Acordada 277 de este viernes.

Billone y Casal manifestaron que no entendían por qué los vocales habían dejado de lado la idea de reactivar los plazos procesales y administrativos este lunes, que, con motivo de la pandemia, están suspendidos en la mayoría de los expedientes desde el 17 de marzo -en el presente, la atención se limita, en principio, a las cuestiones impostergables, salvo en los juzgados civiles y de Cobros y Apremios donde existe el expediente digital-. “Según las manifestaciones de la propia Corte, había elaborado un protocolo sanitario para aplicar en la órbita del Poder Judicial que no había merecido reproches por parte del Ministerio de Salud por lo que nos sorprende que se alegue para dar marcha atrás opiniones sin fundamento comprobable emanadas de otro poder del Estado”, criticaron.

Los dirigentes del Colegio rechazaron que el temor a un rebrote o al agravamiento de la pandemia sea suficiente para mantener la parálisis virtual de los Tribunales provinciales. “Ese argumento desconoce que Tucumán transita por la fase cuatro de la crisis sanitaria, que prevé precisamente la flexibilización de los efectos de la cuarentena en casi todas las actividades. Ante cualquier señal negativa, es posible volver a la etapa de restricciones más rigurosas”, opinaron. Billone y Casal advirtieron que el funcionamiento acotado del Poder Judicial afectaba la república y el Estado de derecho. “Y esa afectación deriva de la circunstancia de paralización de la Justicia, que es un poder estatal esencial”, observaron. Además, los letrados cuestionaron la licencia del vocal decano Estofán, y la participación del vocal Leiva en un asado con el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo.

El texto entregado a la prensa refiere que los abogados habían respetado las medidas diseñadas para prevenir el coronavirus: “pero ello no significa aceptar como alternativa válida el avasallamiento de derechos y de garantías constitucionales que no pueden ser dejados de lado”. Billone y Casal consideraron que la última ampliación del asueto era “al menos desafortunada”: “en tal sentido, exhortamos a la Corte a dejar sin efecto la Acordada 277 y a que vuelva a sujetarse a los términos de la Acordada 270. Los vocales deben disponer el inmediato reinicio de la actividad tribunalicia para asegurar la vigencia plena del orden constitucional, y la menor afectación posible a los derechos de los ciudadanos y de los abogados como promotores de esos derechos”.