En Tafí del Valle coinciden en que era necesario un estricto control sobre la ruta 307 para que no subieran durante la cuarentena personas que no residen allí y tienen casa propia. Lo que sí genera algunos contrapuntos es el rol que tomó la cacica de El Mollar, Margarita Mamaní, imputada por la Justicia y con detención domiciliaria.

La presidenta de la Cámara de Hoteles y Afines de Tafí del Valle, Marcela Funes Franco, consideró que allí ocurrió algo similar a lo que se vio en Buenos Aires con Mar del Plata durante el primer fin de semana largo: miles de personas que tenían las intenciones de ir a una zona turística a cumplir la cuarentena. “Eso generó una tensión de la comunidad en general, no sólo indígena. Los primeros temores hicieron que gente, especialmente de El Mollar, tomara en su persona la autoridad de decir que no suban como si fuera época de vacaciones”, explicó.

La empresaria indicó que ese accionar se permitió inicialmente y que incluso se apoyó desde muchos sectores, por lo que no se cumplió con el DNU presidencial. “Se permitió ese primer control por gente civil, que no son las autoridades que están reguladas en el DNU. Y esto se extendió por 42 días”, dijo. Opinó que eso, sumado a que hubo algunos robos en casas desocupadas, hizo que la situación se politizara y creciera la tensión hasta terminar de modo caótico. “La Justicia actuó tarde, 42 días esto se permitió. Cuando algo se permite parece que fuera correcto, y no siempre lo que se permite es correcto. Controles tiene que haber, pero en ningún municipio estuvieron a cargo de la población”, agregó Funes Franco.

“Se puso Tafí al hombro”

El comerciante Walter Marino, en tanto, defendió la determinación adoptada por Mamaní aunque reconoció que no le correspondía a ella estar en la ruta. “Se puso Tafí al hombro; si no lo hacía ella no sé si alguien más lo haría. Particularmente creo que lo que hizo esta mujer está bien. Dejaba pasar a los proveedores. Me gustaría que vuelva porque me sentía protegido. Y si no puede estar, que estén las fuerzas provinciales y nacionales, y que hagan cumplir la cuarentena”, reclamó.

Marino, dueño de una forrajería y una farmacia, criticó a quienes intentaron subir al inicio de la cuarentena y cuando se realizó el desalojo. “¿Y el decreto de la cuarentena? Esa gente tiene que estar detenida”, fustigó. Además, dijo que el robo en la casa de un veraneante fue aislado y subrayó que el hospital local no cuenta con la capacidad para dar respuestas ante casos complejos y que tampoco cuenta con respiradores.