Ni con tarjetas de débito ni de crédito en un solo pago se cobran intereses por una compra. Pero en los barrios más vulnerables, muchos almaceneros se aprovechan del único plástico que llega a sus manos, la tarjeta Alimentar. Es la que utiliza el Gobierno nacional para ayudar a madres y padres de hijos pequeños o con discapacidad, en su mayoría cuentapropistas, que durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio no pueden salir a trabajar. Más de 1.500 denuncias efectuadas contra negocios de la periferia, señalan, entre otros atropellos, que los comerciantes cobran intereses del 10% y el 20%, por el uso de la tarjeta Alimentar, cuando no obligan al cliente a gastar todo el saldo en una sola compra.

El desahogo de los consumidores utilizó la vía del WhatsApp (en un 80%) y del correo electrónico (20%) de la Dirección de Comercio Interior. Pero el 70% de los denunciantes no quiere que aparezca su nombre. “Es el único almacén que me fía”, dicen algunos. “Somos vecinos”, argumentan otros. Pero lo cierto es que las personas que viven en las zonas donde desaparece el pavimento no tienen muchas opciones para el cotejo de precios. “Los negocios de proximidad son los que más problemas presentan no solo porque los afectados no quieren ser mencionados porque tienen que volver a comprar en los mismos lugares, sino también porque faltan elementos probatorios como carteles que indiquen el cobro indebido”, explica el director de la DCI, Francisco Nader.

Miles de tucumanos se agolparon ayer en los supermercados, con largas filas, a pesar del aislamiento social obligatorio. El Gobierno acreditó un refuerzo para esos beneficiarios.

HACIENDO COLA. Los subsidiados adquirieron alimentos con el pago.

Para poder actuar y pescar “in fraganti” a los negocios, los inspectores deben simular que realizan una compra y esperar a que el dueño les indique algunas de las causales de infracción por las que pueden ser sancionados. Sin embargo, “no se llega a la clausura del negocio para evitar cerrar fuentes de trabajo”, aclara Nader.

Uno de esos operativos encubiertos se realizó en un almacén de La Cocha. El comerciante pasaba la tarjeta por el saldo total aún antes de que el cliente hiciera la compra, cuenta Nader.

Las tarjetas se cargan todos los miércoles con montos que van entre $ 1.000 y $ 1.500, según la cantidad de hijos del beneficiario. Esta semana el Gobierno realizó un aporte extra de entre $ 4.000 y $ 6.000 por persona, lo que significa un desembolso de $ 350 millones solo para Tucumán.

Precios máximos

De las 3.500 denuncias que recibió la DCI desde el 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena, el 70% se refiere al incumplimiento de precios máximos fijados por el Gobierno nacional. No alcanza a todos los productos sino a 1.610 artículos de la canasta familiar y de uso diario como el alcohol en gel. Todos figuran en la página argentina.gob.ar.

Los consumidores denuncian aumentos exorbitantes de precios en productos que van desde repuestos de tractores hasta hojas de coca, ejemplifica Nader. “Pero nosotros no podemos actuar más que sobre esos 1.610 precios máximos, el resto está desregulado - explica-. Por eso muy importante que la gente antes de comprar realice un cotejo de precios por teléfono porque en este momento hay mucha variación”, recomienda.

El criterio es no clausurar, “no queremos cerrar bocas de venta, salvo que la infracción sea muy grave, para que la gente no se tenga que trasladar mucho desde su casa. Es la instrucción que tenemos de la Secretaria de Comercio Interior de la Nación”, aclara el director. No obstante ya se labraron 110 actas.

Los inspectores trabajaron mucho en los negocios de barrio. El 65% de las quejas están dirigidas a los comercios de proximidad. El 60% está ubicado en el interior y el 40% es de capital. Por eso los operativos se hicieron en capital y en Monteros, Simoca, La Cocha, Alderetes, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Villa Mariano Moreno (Las Talitas), San Andrés, Lules, El Manantial y Yerba Buena.

Abuso: alcohol en gel

Entre los artículos que más se encarecieron en todo el país figura el alcohol en gel. Hasta el 15 de febrero el valor del frasco de 250 cc oscilaba entre $ 150 y $ 180. Con las denuncias se encontraron farmacias que lo expedían a $ 300. Las inspecciones se hicieron en locales céntricos, de barrio sur y plazoleta Mitre, y en el interior. También se secuestraron botellas de alcohol sin el etiquetado correspondiente que se vendía en quioscos. La maniobra consistía en compran bidones de 5 litros, fraccionarlo y distribuirlo.

El alcohol en gel puede venderse fraccionado, pero debe contar con su correspondiente etiqueta, con la marca y el nombre del director del laboratorio, con el número de matrícula del profesional.

Si el 70% de las quejas apunta a los negocios chicos “el 30% restante se lo llevan los centros de pago (Rapipago, Pagofácil y otros) que cobran un adicional, a veces de un 1% del monto total de la factura o del monto fijo que puede ser entre $ 20 y $ 80 por pagar con tarjetas Alimentar o de débito”, dice Nader. La falta no recae sobre la empresa, sino sobre el comerciante que es quien tiene la franquicia.

Los subsidios estatales: se cargan alrededor de $ 7.600 millones por mes para todo el país

La tarjeta está destinada a madres y padres con hijos de hasta seis años que reciben la AUH; embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben la AUH. El beneficio establece un monto de entre $ 4.000 y $ 6.000 mensuales para comprar todo tipo de alimentos.  El gobierno nacional destina $ 7.600 millones en la Tarjeta Alimentar para todo el país, de ello $ 1.800 millones corresponde al conurbano bonaerense y $ 2.800 millones a la provincia de Buenos Aires.

Los beneficiarios: ¿quiénes reciben la tarjeta?

La tarjeta está destinada a madres y padres con hijos de hasta seis años que reciben la Asignación Universal por Hijo, las embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo; y las personas con discapacidad que reciben la Asignación Universal por Hijo. El beneficio establece un monto de entre $ 4.000 y $ 6.000 mensuales para comprar todo tipo de alimentos. Los titulares que no tienen la tarjeta se les acredita junto con la Asignación Universal por Hijo, de acuerdo al cronograma de fechas de la Anses.