El parate obligatorio comprometió aún más la situación en la construcción, un sector que ya se encontraba en crisis. Las medidas de resguardo hicieron que se paralizaran las obras públicas y privadas que estaban en curso. Como consecuencia, miles obreros tucumanos se quedaron sin sustento en sus hogares.

La extensión de la cuarentena hasta el 13 de abril profundizó las sensaciones de incertidumbre tanto en los trabajadores como en los empresarios, que desde que comenzó el aislamiento señalaron que arrastraban varios meses de certificados vencidos sin poder cobrar debido al cierre de los bancos y de la inactividad en la administración pública.

Para descomprimir la situación de este sector, el gobernador, Juan Manzur, recibió en la Casa de Gobierno a autoridades de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), la Federación Económica de Tucumán (FET) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Luego de más de una hora de reunión, en la que se plantearon las dificultades del sector, se resolvió que a partir de la semana que viene los empresarios abonen a los trabajadores de la construcción un salario mínimo vital y móvil ($ 16.875), en dos partes.

En contrapartida, la Provincia se comprometió a liberar parcialmente el pago de los certificados de las obras públicas para que salgan de allí los fondos.

El mandatario celebró el acuerdo alcanzado, que beneficiará a unas 2.500 familias, al tiempo que destacó el esfuerzo del sector empresario. “Ellos tampoco están cobrando y se comprometieron en pagar a los empleados de la construcción un salario mínimo vital y móvil para que podamos ir tirando hasta ver de qué manera se va resolviendo esta situación”, expresó.

De la reunión con Manzur participaron Alberto Guardia (titular de la FET); Jorge Garber y Eduardo Mateo (presidente u vice de la CTC, respectivamente); David Acosta (Uocra); y el legislador Gerónimo Vargas Aignasse.