La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió anoche reducir sus actividades al máximo a partir de hoy para combatir la propagación del coronavirus.
A través de la Acordada 211, el máximo tribunal dispuso que se declare un asueto extraordinario desde el 17 hasta el 31 de marzo, con suspensión de plazos procesales y administrativos.
En ese marco, la Corte aclaró que “sólo se tramitarán asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación, con atención en horario restringido, de 8 a 12, en las tareas y con los alcances considerados.
En el segundo artículo de la resolución se dispuso que todo el personal judicial no afectado expresamente en el documento se encontrará disponible a las necesidades del servicio, por lo que deberá permanecer en estado de guardia pasiva.
La presidenta Claudia Sbdar, y los vocales Daniel Estofán; Daniel Posse; Daniel Leiva; y Eleonora Rodríguez Campos, acordaron también limitar el acceso a los edificios del Poder Judicial sólo a las personas que deben cumplir actuaciones procesales y/o administrativas concernientes al asueto extraordinario, quienes serán controlados en los ingresos por la guardia policial.
Además de ordenar que se distribuyan de manera permanente insumos sanitarios en las oficinas en las que se trabaje durante el ausento, el máximo tribunal local estableció que se cree un sistema de guardas rotativas.
Por último se designó a los magistrados y funcionarios que deberán tramitar las cuestiones que se declaren de urgente despacho durante el asueto.
La medida dispuesta ayer profundiza las ya tomada en la Acordada 210, en la cual se había dispuesto la restricción del público, suspender el dictado de capacitaciones, entre otras.
A nivel nacional
Durante la tarde y en el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso una “feria judicial extraordinaria” en todo el país y declaró inhábiles los días hasta el 31 de marzo.
A través de la Acordada 4/2020, el máximo tribunal dispuso que se mantengan las prestaciones mínimas a través de la implementación de guardias. El resto del personal quedará liberado de prestar servicios. Además, se detalló que cada tribunal deberá asegurar “una prestación mínima del servicio durante el plazo establecido, debiendo cubrirse prioritariamente con los magistrados y/o funcionarios que no se encuentren dentro de los grupos de riesgo”.
La CSJN resolvió también suspender la atención al público “salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y/o las partes”. Aclaró, sin embargo, que para los asuntos que “no admitan demora” las partes podrán solicitar habilitación de días y horas inhábiles.
En la resolución también consta que se resolvió otorgar una licencia excepcional, con goce de sueldo, para todos aquellos magistrados, funcionarios y empleados mayores de 65 años o que padezcan enfermedades que los exponga como grupo de riesgo al coronavirus. Lo mismo corre para las mujeres embarazadas. Será por 14 días corridos, pero el plazo podrá extenderse si la situación lo amerita.
Disposiciones
De detectarse casos positivos de Covid-19 en los tribunales o en dependencias judiciales, “se dispondrá una licencia excepcional, con goce de haberes, respecto de todos los magistrados, funcionarios y empleados”.
También se otorgará una licencia especial (con goce de haberes) a los padres, madres, tutores o adoptantes a cargo de menores de edad que concurran a establecimientos educativos.
Apuesta por la tecnología
Solicitan que se adopte el sistema de videoconferencias en casos contra menores.
El juez en lo Penal de Menores de la II Nominación, Federico Moeykens, solicitó a la Corte Suprema que, debido a la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional y provincial, que considere la posibilidad de habilitar el sistema de videoconferencias en los procesos penales seguidos contra de niños, niñas y adolescentes. “Para aquellos casos en que la/los magistrados de oficio o a pedido de alguna de las partes no estimaran estrictamente necesario el comparendo de la/los adolescentes a la sede del juzgado o salas de audiencias para mantener contacto personal con la/os misma/os”, manifestó.
En la nota dirigida a la presidenta la de la Corte, Claudia Sbdar, el magistrado argumentó que la adopción del sistema de videoconferencia no sólo evitaría el contacto personal entre las partes, sino que optimizaría los recursos del empleo de las nuevas tecnologías.