El proyecto de Ley de Góndolas propone una serie de medidas para el fomento de la competencia en los estantes de los supermercados e hipermercados que cuenten con más de 50 bocas de expendio en todo el país.

Además, establece que en las categorías alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador las marcas de un mismo grupo económico no podrán ocupar más del 40% de la góndola en el primer año de implementación de la medida, y no más del 30% a partir del segundo año. Esto tiene por objetivo fomentar la competencia, permitir el ingreso de nuevas marcas y, en consecuencia, lograr una mayor diversidad y baja de precios en beneficio del consumidor, explicaron fuentes parlamentarias y oficiales.

Asimismo, establece el plazo máximo de pagos a 90 días, y que los proveedores podrán aplicar intereses en caso de pagos realizados fuera de término; que los supermercados no podrán exigirle a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo, ni podrán aplicar a los proveedores retenciones económicas o débitos unilaterales.

Por otra parte, en la negociación contractual no podrá oponerse como condición la comercialización de productos de terceros, la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia.

Los establecimientos deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular.

La normativa, que deberá implementarse en un plazo de 60 días en caso de ser aprobada en el Senado, alcanzaría a 13 empresas de supermercados que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26% de la cadena comercial del país.

Los almacenes, autoservicios chinos y kioscos - canales de venta que concentran alrededor de 70% de las ventas minoristas-, quedarán excluidos.

CAME señaló algunos “puntos a incluir en la futura reglamentación para acentuar la proyección de las Pymes proveedoras de los supermercados”: del 25% de presencia de productos de Pymes previsto en la ley, CAME solicita establecer un mínimo de 3 empresas proveedoras por categoría. Propuso también que el plazo de 60 días previsto para el pago a Pymes implique la acreditación efectiva de los valores en ese momento y no la entrega de un instrumento de pago diferido que aplace dicho período. Además, prevé esquemas logísticos flexibles y adecuados para las Pymes, para evitar condicionamientos por parte de los supermercados. (Télam)