Por primera vez en años, la Justicia tucumana tendrá un papel protagónico en el verano, cuando la feria suspende los términos y la tramitación de los procesos queda reducida a una expresión módica. Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, dejó de lado la somnolencia de enero para convocar a una audiencia oral y pública histórica por la entidad de los involucrados, el senador José Alperovich y su sobrina; por la cuestión en disputa, qué jurisdicción ha de investigar las denuncias de supuesto abuso sexual con acceso carnal, y, finalmente, por la época del año en la que acontece. Eudoro Albo, presidente de la Cámara de Apelaciones, colocó las bases para esta alteración de las vacaciones al frenar la sustanciación del recurso que había presentado Alperovich en diciembre.

Si Albo hubiese actuado en el caso, la discusión referida a la competencia habría continuado por escrito, es decir, mediante un soporte apto para las argucias e interpretaciones, y con un procedimiento apartado de la sociedad y con tiempos discrecionales para la judicatura. En manos de Pedicone, que hizo de la oralidad su sello, la causa ingresó en una especie de vidriera. La primera consecuencia de esa impronta es la exposición del proceder del juez Facundo Maggio (Nº2), quien, según manifestó el camarista, mandó el expediente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes de que quedara firme la decisión que dispone esa remisión. Cuando Albo solicitó las actuaciones principales para completar el incidente, Maggio contestó que la orden era “materialmente imposible” de cumplir: había despachado los papeles a la capital del país al día siguiente de declararse incompetente.

La conducta del titular del Juzgado Nº2, que aspira a convertirse en compañero de tribunal de Albo y de Pedicone, fue determinante para que el segundo accediera a tratar durante el receso la impugnación que planteó Alperovich con el fin de que la causa se quedara en Tucumán. Lejos de quienes consideran que el recurso carece de efectos suspensivos, Pedicone advirtió que la vía de los hechos consumados iba a inutilizar la apelación que el propio Maggio había concedido. “El tratamiento en la feria es la única manera de restañar y encarrilar el proceso”, advirtió.

El giro impreso a este caso de altísima trascendencia política e institucional inquieta a los que mandan. Algunos actores preponderantes del oficialismo han hecho llegar a sus interlocutores de la Justicia su deseo de que el sistema judicial nacional con sede en Buenos Aires esclarezca las denuncias de las presuntas violaciones ocurridas entre 2017 y el año pasado. Al parecer, estos mensajes -sablazos llanos a la independencia de los jueces y a la división de poderes- no cuidarían las formas: habría quien hasta inquirió, después de la notificación de la audiencia, si esta era necesaria.

En el poder existen temores sobre los efectos de una difusión cuyos límites resultan a priori incontrolables. En las oficinas y pasillos cunden los interrogantes acerca de si están dadas o no las condiciones para publicitar una realidad judicial que puede resultar natural en “Trucumán”, pero que afuera sería indefendible. Es curioso que estas dudas surjan justo cuando los Tribunales locales se disponen a generalizar la implementación del Código Procesal Penal sancionado en 2016, que en teoría restringe al máximo el secretismo, y en cuya aplicación parcial se basa Pedicone para reunir a Alperovich; a su sobrina y ex colaboradora, y al fiscal Carlos Sale en una sala “con las puertas abiertas” con el fin de que se expresen acerca de la jurisdicción competente. Claro que el senador y la denunciante no están obligados a asistir: basta con que lo hagan sus abogados. A propósito de ello, ¿dará la cara Alperovich, como se espera de un funcionario público que reivindica su inocencia, o sostendrá el invicto que, con el blindaje de los fueros, le permitió mantenerse a salvo de los Tribunales ya sea en el carácter de denunciado en numerosos expedientes como en el de testigo?

La audiencia programada para mañana a las 10 materializa una divergencia llamativa. A contramano de la opinión proclive a “transferir el problema” a Buenos Aires atribuida a las cabezas del oficialismo -en virtud de los oficios de sus operadores-, Alperovich y su codefensor ligado a la farándula porteña, Mariano Cúneo Libarona, exteriorizaron la voluntad de que la investigación transcurra en la provincia. En los propios Tribunales locales hay autoridades convencidas de que carecen de la capacidad para hacer un papel digno en este proceso que pone en juego mucho más de lo mucho que ya anticipa, de acuerdo al análisis de los príncipes del foro. Es más: cierta corriente vinculada a quienes gobiernan abrió la sombrilla -no el paraguas- y dejó entrever que una eventual metida de pata en esta historia podría costar la intervención federal de un Poder Judicial que, dicho sea de paso, lleva años coqueteando con ese desenlace.

El interés por “patear” la causa a la capital argentina contrasta con el interés que en el pasado la dirigencia tuvo por concentrar el manejo de los casos de corrupción en la Justicia penal local: ello sucedió, sin ir más lejos, con las denuncias ligadas a las valijas legislativas oscuras, que el año pasado Maggio desactivó con sobreseimientos a granel confirmados a posteriori por Albo. Como se ve, hay soluciones a medida y siempre está la convicción de que, llegado el momento, se podrá manipular la institucionalidad para elaborar la que parezca más conveniente en función de la coyuntura. A primera vista, Buenos Aires “alejaría” las repercusiones y entretelones del conflicto del senador, pero en los hechos nadie puede prever las consecuencias de ese desarraigo ni el impacto de la mirada unitaria sobre los dramas que golpean a los tucumanos que tan descarnadamente expresó la vedette Susana Giménez. Las vicisitudes de Alperovich y esta última incriminación urticante darían la razón a los que pregonan que la provincia es un feudo corroído que debe ser, de una forma u otra, “intervenido” por la Nación.