“No puedo estar conforme porque los vecinos de El Mollar me comunicaron que una de las policías implicadas sigue en libertad. Está en la calle como si nada y riéndose de lo que está pasando”, comentó Miryam Prieto al enterarse de que el comisario de El Mollar y una agente fueron detenidos por la denuncia de apremios ilegales que ella realizó.

Prieto, de 44 años, y sus familiares concurrieron a un boliche de ese centro turístico. El miércoles pasado a la madrugada, al salir del boliche ella mantuvo un entredicho con los policías que estaban realizando tareas de seguridad en la zona. Por esa razón, Prieto y dos parientes fueron detenidos. Según la denuncia que ella realizó en la Justicia, los golpearon a los tres y los mantuvieron ilegalmente detenidos hasta el jueves. El viernes realizó la denuncia en el Centro Judicial de Monteros.

La fiscala Mónica García atendió el caso y después de tomarle declaración a la víctima solicitó la detención del comisario Enrique Medina y de la agente Evelyn Barrera, que se desempeñaba como oficial de turno el día que ocurrió el hecho. El juez Mario Velázquez aceptó el planteo y los acusados quedaron tras las rejas. El comisario fue relevado, al igual que la agente.

Ayer se confirmó que, según el expediente, las víctimas fueron arrestadas por desórdenes en la vía pública. Fuentes judiciales informaron además que la familia de los denunciantes había presentados un hábeas corpus para que recuperaran la libertad, ya que consideraban que las detenciones habían sido ilegales.

Velázquez, que intervino en el planteo, pidió informes a la Unidad Regional Oeste. Le respondieron que los acusados ya habían sido liberados, por lo que el pedido realizado quedó abstracto.

Al día siguiente de haber recuperado la libertad, Prieto se presentó ante la fiscala y contó lo que había vivido durante más de 24 horas. Informó además que los trasladaron a diferentes centros asistenciales para que sean tratados por las lesiones que habían sufrido.

Según trascendió, los acusados justificaron su accionar y señalaron que la denunciante habría estado alcoholizada y que todo se originó porque ella se había resistido a que le secuestraran un vehículo, un Fiat Strada. Explicaron además que las lesiones que presentaron habían sido producidas durante la trifulca.

Solidaridad

Prieto se enteró de todas estas novedades cuando se encontraba reunida con otras personas que también sufrieron maltrato policial en esa localidad. “Ellos están desesperados porque se sienten perseguidos. Lo único que pretenden es ser escuchados y que se haga Justicia por todo lo que vivieron”, argumentó Prieto durante una entrevista telefónica con LA GACETA.

La víctima explicó que por el momento no piensan realizar una manifestación. “Lo único que pretendemos es que se investigue el caso y que los responsables reciban el castigo que merecen. No puede ser que actúen de esta manera. Estamos en plenas vacaciones y puede llegar a suceder cualquier cosa”, comentó.

“Esperamos que la Justicia actúe como corresponde y detengan a todo el personal que estuvo involucrado en el hecho”, apuntó.

Sanciones

El Ministerio de Seguridad también tomó medidas por el caso. “En virtud de su detención se dispuso la remoción del comisario, con el objetivo de que se esclarezca lo ocurrido ante la Justicia”, explicó el subsecretario de Seguridad, José Ardiles. El funcionario detalló que además ya se decidieron las medidas administrativas que se tomarán tras la denuncia por presuntos maltratos en dicha dependencia policial.

El subjefe de Policía, Rolando Gómez, informó que desde el primer momento en el que se conoció la denuncia decidió -junto al jefe de la Unidad Regional Oeste, Raúl Villafañe- que el comisario acusado sea desvinculado y que la empleada policial implicada sea reubicada en un nuevo destino.

“La Justicia deberá determinar el grado de responsabilidad de los efectivos involucrados tras las declaraciones y las pruebas y testimonios -comentó Gómez-. Cuando se resuelva su situación procesal, se definirá cómo seguirán los sumarios administrativos iniciados en su contra”.

El comisario general Gómez había anticipado que en caso de que los uniformados sean oficialmente imputados en la causa serán pasados a disponibilidad, situación que podría producirse en las próximas horas.

La fiscala García continúa con la investigación. Por el momento ordenó secuestrar los libros de guardias y novedades. También deberá declarar en su oficina el resto del personal que participó en el operativo. No se descarta que la funcionaria solicite más detenciones.