José Alperovich ejemplifica con nitidez el destino del caudillo argentino. Antes o después, los destructores de la institucionalidad terminan entrampados en los sótanos de la democracia que supieron construir. En la época de la conquista y de la colonización, aquel giro revanchista recibía el nombre de juicio de residencia. Hoy lo llaman “lawfare”. Ese Poder Judicial desacreditado resulta incapaz de dirimir en forma rápida, profesional y confiable una acusación tan delicada por supuesto abuso sexual con acceso carnal como la que enfrenta el senador. Lo corrobora la circunstancia de que aún no empezó el esclarecimiento de los hechos. Hasta aquí el debate se enfocó en un aspecto formal: si investiga el sistema judicial tucumano o si lo hace el porteño.

“¿Y por qué no las dos jurisdicciones?”, se preguntan en el foro tras considerar que esa fue la tesitura que adoptó la propia sobrina del ex gobernador al presentar las denuncias aquí y allá. No está escrito en el cielo que el destino sea la unificación de las causas, en especial cuando las conductas podrían ser separadas y hasta recibir calificaciones distintas. Nada impide la existencia de investigaciones paralelas, que se colaboren entre sí en las cuestiones comunes e implícitamente “compitan”, pero esta tercera vía -que hubiera acelerado el avance de las pesquisas- permanece bloqueada. Con argumentos como la necesidad de aunar esfuerzos, y de evitar la “revictimización” y desenlaces contradictorios, tres jueces dispusieron concentrar las actuaciones en una sede: el quid es cuál. Esa posición presenta una lectura procesal, cuyas motivaciones jurídicas y prácticas han sido mencionadas antes, y otra política. La institución que se quede con el paquete recibirá el derecho total a decidir sobre “la cabeza de Alperovich”.

Un jurista sabio enseña que la puja técnica por la competencia en este país a menudo esconde motivaciones más mundanas, como colocar el conflicto en un terreno “amigo” o funcional a las jugarretas del poder. A veces es sólo cuestión de enredar la madeja para crear las condiciones de río revuelto que históricamente han beneficiado a los pescadores de impunidad -¿un ejemplo? La denuncia denominada “Más Cerca” por la supuesta corrupción de obras públicas promovidas durante el Gobierno de Alperovich-. Algo de eso está sucediendo en este caso de abuso sexual presunto, cuyo seguimiento comienza a ser pesado. Y cuanto más tiempo transcurra, mayor es el riesgo de olvido y de obstrucción, amansadora que, como se sabe por harta experiencia, favorece las aventuras extorsivas sin costos para quienes las incitan y el desprestigio general.

A menos que sólo persiga dilatar las definiciones o distraer, en el mundillo tribunalicio llamó la atención que el ex gobernador haya contratado para su defensa a un abogado mediático ligado a la farándula del puerto como Mariano Cúneo Libarona y, luego, pida ser investigado en Tucumán, donde ese profesional tiene que litigar por medio de un colega local, Ariel Sosa. Del mismo modo no pasó inadvertida la premura con la que el juez Nº2 de esta ciudad, Facundo Maggio, que es oriundo de Buenos Aires, envió su expediente a la Justicia Nacional, pese a que aún está pendiente de definición el recurso que articuló Sosa para que el proceso sea tramitado en esta jurisdicción. A los príncipes del foro les intriga que, antes de tomar esa decisión, Maggio haya viajado a entrevistarse con su par Osvaldo Rappa, con pasajes y viáticos costeados por la Justicia provincial: nadie recuerda un despliegue semejante en otra causa, sensible o no. “Cosas raras”, murmuran los entendidos.

¿Qué intereses animarán estos movimientos más allá del hecho obvio de que Alperovich designó a la mayor parte de la judicatura en funciones en la provincia con el asesoramiento de Edmundo Jiménez, tío político de Maggio, ex ministro de Gobierno y Justicia del denunciado, y, también por disposición de aquel, jefe de los fiscales desde 2014? A contramano de lo que se cree, esa clase de “favores” dejan de pesar cuando el caudillo declina. Hay quienes especulan con algo menos ostensible y es la información de alto impacto que esta causa puede llegar a exponer. Esa “comidilla” asusta a más de uno -en primer lugar, a un concejal de la capital-, en un ámbito donde las autoridades suelen mezclar lo particular con lo público, y la división de poderes es una bellísima ficción constitucional. Para quienes temen por los efectos colaterales del pleito, nada mejor que enviar el proceso a 1.200 km de distancia, lejos de las filtraciones y lejos del escrutinio de la comunidad a la que pertenecen las partes.

Otros están convencidos de que lo más positivo que puede acontecer, en términos de profesionalismo e imparcialidad, es que Buenos Aires asuma la controversia de la violación hipotética. Son los que miran la estadística que revela que Alperovich fue la autoridad estatal que mayor número de denuncias recibió entre 2005 y comienzos de 2018, y en Tucumán eso no generó ni siquiera una citación a declarar como imputado. Esa perspectiva “unitaria” pierde de vista la incidencia de los Cúneo Libaronas en los Tribunales porteños y que estos no son precisamente un dechado de virtudes.

En medio de tanta conjetura y tanto panorama abierto, será cuanto menos entretenido observar las vicisitudes que la causa experimentará en manos de Enrique Pedicone, el camarista de Apelaciones con filiación justicialista que, sin embargo, en el pasado no temió sentenciar en contra de los que mandan en “Trucumán”. Pedicone es un pionero fanático de la audiencia oral y pública, y en su entorno sugieren que es capaz de convocar a la fiscalía, y a Alperovich, a su denunciante y a sus abogados en plena feria de enero para debatir sobre la radicación del caso. Sería un vientito de transparencia y de inmediación luego de semanas de elucubraciones y de papeleo burocrático. Por eso mismo ya pronostican que habrá planteos e impugnaciones, además de que nadie imagina al tres veces gobernador sentado ante un tribunal: es la foto mental que durante años inspiró la arquitectura de una Justicia penal impotente... e incompetente.