En los Tribunales habitan “varias justicias”. Dos de ellas obsesionan a la dirigencia y al establishment “trucumanos”: la penal y la contenciosa administrativa. Los otros ámbitos son objeto de intereses y de presiones, pero reciben menos atención porque -en principio- no condicionan el ejercicio del poder ni olfatean en los lodos de la corrupción. Ello explicaría ciertas diferencias de nivel y de imagen favorables a los fueros civiles. Pareciera que los gobernantes eligen mejores jueces para los espacios que les importan menos. Es una paradoja intensificada por las tensiones y los abusos de los últimos 25 años, que consolidaron la idea de que mandar es controlar los controles.

La pretensión de dominar los reductos clave de la Justicia melló la metodología de designación de magistrados. En 2009, los sectores críticos “festejaron” que, tras una batalla judicial con contornos épicos, el Estado provincial incorporara un organismo encargado de medir la idoneidad y el mérito de los aspirantes a la judicatura. Esa casa de los concursos es -o debería ser- el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Sus inicios fueron auspiciosos en una sociedad que naturalizó el acomodo, el nepotismo, el clientelismo y la discrecionalidad. El oficialismo tardó poco en advertir los “peligros” que tal instituto entrañaba para su proyecto desdeñoso de la república y, ayudado por ciertos opositores de cartón, comenzó a “reformar” el Consejo para, en definitiva, cortarle las alas. Así borraron los concursos múltiples que habían permitido acelerar las coberturas y ahorrar dinero al erario. Por detrás vinieron otros retoques, algunos sin necesidad de cambio legal, como el congelamiento de los nombramientos. En 2017 y con el aval de los colegios de abogados, el Gobierno impulsó el restablecimiento de la magistratura precaria o subrogante, que carece de uno de los requisitos de la independencia, la estabilidad, y este año jubiló la “terna” que lo constreñía a hacer los nombramientos entre los tres aspirantes con mayores calificaciones.

No sólo los políticos torcieron el sistema original del CAM: los propios consejeros de la abogacía y de la Justicia coadyuvaron al desgaste. Un síntoma de esta conducta funcional a la dedocracia fue la incorporación de personal mediante designaciones directas cuando el reglamento dispone el ingreso por concurso. Hacia 2014 ese mecanismo había sido usado una sola vez. Tras la revelación de que la casa de los concursos no era tal o lo era selectivamente, hubo otros nombramientos con sujeción a parámetros objetivos y a la igualdad de oportunidades. Pero la tradición antirreglamentaria de “meter gente por la ventana” siguió siendo la norma en el CAM.

A la par de restringir la cobertura definitiva de despachos tribunalicios acéfalos mediante el procedimiento constitucional del concurso, el oficialismo otorgó a los jefes de los ministerios públicos, Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila, la facultad para nombrar discrecionalmente auxiliares de fiscal y de defensor oficial. Según una demanda del Colegio de Abogados de la Capital, este actor es un fiscal encubierto e inconstitucional. En abril y vía “per saltum”, la Corte avaló a aquel funcionario escogido con el máximo secretismo con la convicción de que se trata de un delegado de los titulares de las fiscalías, pero tiene pendiente tratar el argumento principal de la entidad intermedia que justamente esgrime que la delegación de las funciones está prohibida por el artículo 3 de la Constitución local.

El auxiliar de fiscal es presentado como un escudo contra la inseguridad de la que no se salva ni el templo de Tafí del Valle. Huelga decir que la Carta Magna asigna esa tarea vital para la paz social al Poder Ejecutivo: ¿será esta confusión de roles la manifestación más prosaica de la existencia de un califato a la tucumana? Los entusiastas de los auxiliares aseguran que sin ellos es imposible aplicar el Código Procesal Penal de 2016 que en mayo ha de regir en toda la provincia, como si esta remodelación fuera incompatible con los concursos. Los detractores advierten que esas figuras controvertidas investigan sin la responsabilidad de los fiscales, cuyo nombramiento está sometido al control del CAM y cuya destitución depende del Jurado de Enjuiciamiento: son filtros institucionales lábiles, pero al menos gozan de publicidad.

En la Justicia penal, la maquinaria licuadora de la acusación luce complementaria de la operación que terminará subsumiendo la Cámara de Apelaciones en el Tribunal de Impugnación. La potestad de fiscalizar las pesquisas que antes estaba en manos de tres jueces pasará a ser compartida entre 12, quienes también revisarán las absoluciones y condenas. El Tribunal de Impugnación de Concepción y Monteros será integrado por los ex fiscales Edgardo Sánchez y Jorge Carrasco, y el ex secretario de Seguridad, Paul Hofer. En la capital está en marcha una pulseada por la selección de los siete magistrados que acompañarán a los dos de Apelaciones, Eudoro Albo y Enrique Pedicone. Los resultados provisorios del CAM anticipan un desenlace arduo y dilatado porque Carlos Caramuti, el juez que busca un ascenso, quedó en el umbral de todas las vocalías: se trata de una figurita repetida que no existiría -¡ay!- con el esquema de los concursos múltiples.

Una lógica licuadora parecida está cambiando por completo la composición del fuero en lo contencioso administrativo que anuló -fugazmente- los comicios de 2015. El gobernador Juan Manzur tendrá la oportunidad rara de completar el estrado que hizo zapatear a su fórmula: la Sala I. Pero, además, restará peso a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que mayor cantidad de límites puso a los gobernantes. Sucede que en cuestión de meses recibirá del CAM las propuestas para cubrir cuatro unidades de la nueva primera instancia (tres de la capital y una de Concepción). Algunos oficialistas se relamen con la perspectiva que ofrece el frente judicial licuado en un 2020 de vacas flacas. La contrapartida de esa ilusión es la experiencia que enseña que muchas presuntas reformas y renovaciones recientes de los Tribunales no necesariamente trajeron más calidad institucional y más justicia para el pueblo.