Eudoro Aráoz, ex legislador radical y uno de los denunciantes de la megacausa de los gastos sociales legislativos, dijo que el cierre definitivo del proceso con el sobreseimiento de los todos los funcionarios públicos demostraba la corrupción estructural existente en la provincia.
“La Justicia penal de Tucumán es antirrepublicana, corrupta, cobarde y discriminadora. Su vara castiga al ladrón de gallinas, y su ojo mira con miedo al poder, se somete a él y lo complace. En Tucumán no hay justicia: hay un simulacro de justicia, apenas un burdo maquillaje”, opinó luego de que este diario publicara que había sido rechazado el último recurso que quedaba para mantener abierto el expediente. Eudoro Albo, camarista de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, desestimó la impugnación del fiscal Claudio Bonari, tal y como había aconsejado el fiscal de Apelaciones, Alejandro Noguera. Bonari pretendía que la causa quede archivada hasta conseguir nuevas pruebas, entre ellas los recibos de los presuntos gastos sociales que el ex presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri (PJ), se había negado a entregarle. Pero Albo ratificó la decisión del juez Facundo Maggio que sobreseyó a todos los funcionarios públicos denunciados.
“El poder juega con cartas marcadas, y el pueblo mira y sufre la corrupción y la decadencia. El despilfarro en gastos sociales superó los U$S 60 millones: esa es la caja discrecional que administró el hoy gobernador Juan Manzur”, cuestionó Aráoz, que había pedido la investigación en 2015, luego de que LA GACETA publicara las imágenes de las valijas iban y venían del banco a la Legislatura cargadas de dinero en efectivo. “Tucumán es la capital nacional de la impunidad. Una provincia al margen de la ley”, lamentó el denunciante y ex legislador.