Una presentación en la Justicia solicita que se investigue al gobernador Juan Manzur y al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Sánchez, por el presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”.

La presentación fue realizada por Gustavo Salas Correa, afiliado a ATE y referente opositor, a través del abogado Gustavo Morales. De acuerdo al denunciante, el mandatario le entregó a Sánchez $ 1.210.404 “de manera ilegal” en conceptos de aportes y contribuciones gremiales entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. De acuerdo a la denuncia, el titular del gremio carecía de legitimación hasta 2017 “por no haber sido reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación como secretario general del Consejo Directivo Provincial de ATE, pues dicho cargo correspondí a Salas Correa sin perjuicio que hasta la actualidad la entrega de dicha suma de dinero continúa siendo ilegal también por violar el artículo 9 de la ley nacional 23.551, Ley de Asociaciones Sindicales”.

Reclamo gremial

En igual sentido, pidió que se investigue a Sánchez por “recibir ilegalmente dinero de la administración pública por intermedio de la Secretaría General de la Nación, a cargo de Silvia Pérez”, por igual monto. Además, le endilga el agravante de “no depositar dicho dinero en la denominada ‘cuenta recaudadora única’ del gremio, obligación legal que incumple con otro deber que es el de registrar el ingreso de dicho monto dinerario en los libros contables”.

Como pruebas se ofreció la Resolución N° 1.343 de la Secretaría General de la Gobernación, del 7 de octubre de 2019, en la que se registró la entrega del dinero y que cuenta con la firma de Pérez. Además, se solicitó que se libre un oficio para que se remita una fotocopia autenticada de las resoluciones por las que se dispuso la entrega de dinero a ATE en el lapso comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 16 de diciembre de 2019.

El letrado Morales solicitó a la Justicia que se le otorgue a su cliente el rol de querellante y que se requiera una investigación contra Manzur. Además, solicitó que se cite al gobernador y a Sánchez a prestar declaración “en calidad de imputados, se formule requerimiento de elevación y juicio y, previo debate oral y público, se lo condene al máxima de la pena prevista para el ‘fraude en perjuicio de la administración pública’”.

Salas Correa adjuntó también una carta documento al secretario general de ATE, Hugo Godoy, para que informe la situación de dichos fondos.